Lo que muchos intuían quedó respaldado por datos en el Diálogo Social que el gobierno convocó poco después de asumir. Estudios de la Asesoría General de Seguridad Social del BPS y de la Universidad de la República muestran que la esperanza de vida no es igual entre personas de ingresos altos y bajos. Dicho sin vueltas: quienes menos ganan tienen, en promedio, menos años de vida por delante al llegar a la edad de retiro. El aumento de la esperanza de vida es real, pero no se reparte de forma pareja. Pedirles a todos el mismo esfuerzo cuando no todos llegan en las mismas condiciones es injusto.
Hay otro problema, menos visible pero igual de importante. Subir la edad mínima de retiro no garantiza que la gente efectivamente trabaje más años. Para eso hace falta que haya trabajo, y que el cuerpo aguante. Un estudio de 2021 de la economista Graciela Sanroman, que revisó la experiencia de varios países que aumentaron la edad de retiro, encontró que menos de la mitad de las personas extendió efectivamente su vida laboral. El resto terminó amparado en un subsidio por desempleo, enfermedad o invalidez. Correr la edad, por sí solo, no resuelve el problema: lo traslada a otra ventanilla del Estado y lo carga sobre los hombros de quienes menos margen tienen.
¿Qué propone el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento? Plantea que, sin perjuicio de que la edad normal de retiro siga siendo 65 años, se habilite una causal de retiro anticipado para que todas las personas tengan la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años con 30 años de aportes. Y acá está lo importante: no es un beneficio parejo para todos, es un esquema escalonado.
A los trabajadores y trabajadoras de ingresos bajos y medios-bajos se les garantizará una jubilación igual o mayor a la que hubiesen tenido antes de la reforma de 2023. Es decir, para ese sector se recupera lo que la reforma les había quitado. Quienes tienen ingresos medios y altos también podrán retirarse desde los 60, con un monto menor como contrapartida, y con incentivos para seguir trabajando si pueden y quieren hacerlo. La decisión será de cada uno, según su salud, su trabajo y sus planes.
No se trata de imponer a nadie una edad para jubilarse. Tampoco de desarmar el sistema vigente ni de volver atrás en todo. Se trata de corregir uno de los aspectos más injustos de la Ley 20.130: tratar como si fueran lo mismo a quien puede sostenerse en el mercado laboral hasta los 65 y a quien no puede. Es una corrección quirúrgica, no una demolición.
Ya se escuchan los mensajes alarmistas de siempre, los mismos que aparecen cada vez que se habla de ampliar derechos. Conviene responderlos con datos, no con consignas. La propuesta se basa en cálculos técnicos realizados junto al BPS que muestran que la nueva causal no compromete la estabilidad financiera del sistema ni su sostenibilidad a largo plazo. Quien diga lo contrario tendrá que discutir esos números.
Cuando este proyecto llegue al Parlamento, lo vamos a defender con estos argumentos. Uruguay envejece, la natalidad cae, y eso exige respuestas serias, no relatos fáciles de ningún lado. Pero una respuesta seria empieza por admitir que no todos llegamos igual a la vejez.
