La pandemia de Covid-19 fue otro factor clave, ya que aceleró el uso de servicios digitales y expuso a más personas a entornos vulnerables, facilitando los engaños cibernéticos. En paralelo, el crimen organizado ha profesionalizado este tipo de delitos, al punto de que organismos como INTERPOL y la UNODC los califican como amenazas transnacionales de primer orden.
El subregistro: un iceberg delictivo
Pese al aumento de denuncias, el informe advierte que la cifra real de estafas podría ser mucho mayor. Una estimación basada en la Encuesta Continua de Hogares del INE indica que en el segundo semestre de 2024 ocurrieron unas 26.900 estafas mensuales, pero solo el 11,7% fueron denunciadas formalmente. El subregistro —uno de los mayores del sistema criminal— plantea enormes desafíos para la formulación de políticas públicas.
¿Quiénes son las víctimas?
El perfil de las víctimas revela que las personas entre 26 y 55 años son las más afectadas, con tasas superiores a las 1.000 denuncias cada 100.000 habitantes. Las mujeres presentan niveles de victimización más altos que los hombres en todos los rangos etarios. El informe también detecta una fuerte individualización del delito: el 96% de los casos afectan a una sola persona.
No obstante, también se registraron episodios de gran escala, como uno con 329 víctimas en 2022 y otro con 236 en 2023. Además, en cerca del 20% de las denuncias no se identifica una víctima física, lo que apunta a estafas contra instituciones o empresas.
Una respuesta penal insuficiente
Uno de los datos más alarmantes del informe es la baja tasa de imputación penal: en 2024, solo se logró una imputación cada 67 denuncias (1,5%). Esta brecha creciente se explica por la complejidad de las investigaciones, la dispersión de víctimas, la sofisticación de las técnicas empleadas y la sobrecarga estructural del sistema judicial.
En cuanto al perfil de los imputados, el 35,7% son mujeres —una proporción inusualmente alta en comparación con otros delitos— y la edad promedio oscila entre los 31 y 33 años, significativamente menor que la de las víctimas.
Distribución geográfica: una radiografía desigual
El fenómeno se distribuye en todo el país, pero departamentos como Rocha, Salto, Maldonado y Rivera presentan las tasas más altas o el crecimiento más acelerado. Rocha lidera de forma constante el ranking nacional, con 1.290,5 denuncias por cada 100.000 habitantes en 2024. Sin embargo, AECA advierte que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la naturaleza digital del delito hace que autor y víctima no siempre estén en la misma jurisdicción.
¿Desplazamiento del delito tradicional al cibercrimen?
Finalmente, el informe plantea una hipótesis que viene ganando terreno en la criminología moderna: la posible migración delictiva desde los delitos tradicionales a los digitales. Si bien no hay consenso sobre si se trata de un desplazamiento, una mutación o una coexistencia, en Uruguay se observa una coincidencia temporal entre el crecimiento de las estafas digitales y la baja de delitos como la rapiña, el hurto y el abigeato desde 2019.
