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Política | Luis Lacalle Pou

Uruguayos en el exterior denuncian perjuicios por decreto de Lacalle Pou y detenciones en EEUU

Los afectados señalan que el decreto de Lacalle Pou ha derivado en detenciones y deportaciones de uruguayos en EEUU.

07 de septiembre de 2026 - 09:52

La comunidad de uruguayos residentes en el exterior elevó un reclamo urgente al presidente de la República, Yamandú Orsi, para solicitar la revisión del Decreto 281/022. Esta normativa, aprobada en agosto de 2022 durante la administración de Luis Lacalle Pou tras la controversia por la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, modificó el reglamento de emisión de documentos de viaje e introdujo un requisito que hoy genera severos perjuicios a miles de compatriotas.

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El foco del conflicto: la exigencia de antecedentes penales

El punto central de la preocupación radica en la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales emitido por el país de residencia al momento de solicitar o renovar el pasaporte uruguayo. De acuerdo con los representantes de la diáspora —conocida habitualmente como el «Departamento 20»— y la Comisión de Asuntos Consulares y Vinculación, este trámite adicional sumó cargas burocráticas y costos elevados, dificultando gestiones básicas como la reposición de documentos por vencimiento o extravío.

Alerta por detenciones y deportaciones en EEUU

La exigencia reviste una gravedad particular para las familias uruguayas radicadas en EEUU. En el contexto de las políticas migratorias vigentes en ese país, el requerimiento de acudir a las autoridades locales para solicitar el historial penal expone de forma directa a quienes se encuentran en proceso de regularización. Diversas organizaciones, entre ellas Ronda Cívica Uruguay, advierten que la medida ha derivado en detenciones y deportaciones de uruguayos que únicamente buscaban renovar su documentación nacional, creando un clima generalizado de temor e inseguridad.

El pedido de restitución normativa y apertura al diálogo

En la carta enviada al mandatario, los referentes de la diáspora argumentan que las fallas o irregularidades administrativas ocurridas en el pasado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores no deberían derivar en un castigo o perjuicio para los ciudadanos que viven en el extranjero. Por este motivo, solicitaron al Poder Ejecutivo derogar el Decreto 281/022 y restablecer el marco regulatorio fijado por el Decreto 129/014 de mayo de 2014, el cual garantizaba un procedimiento más ágil y accesible. Asimismo, enfatizaron la necesidad de abrir una mesa de diálogo permanente entre el Gobierno nacional y los consejos consultivos en el exterior.

La iniciativa cuenta con el respaldo y la firma de representantes de colectividades en distintas partes del mundo, como Patricia Artía (California), Nelcis O'Neill (Nueva Jersey), Rosana Araujo (Miami), Natalia Oliver (Massachusetts), Walter Zeballos (Copenhague), Jorge Agulla (Valencia), Jorge Eiris (Córdoba) y Virginia Cattaneo (Milán).

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