Ese protocolo regula los pronunciamientos, visitas, comunicaciones y controles médicos del fundador de WikiLeaks, asilado en la embajada ecuatoriana desde 2012.
Salvador enfatizó que si Assange rompe el protocolo se terminará el asilo, pero con la garantía de su derecho a la defensa y a un debido proceso, amparado en las leyes ecuatorianas y en los tratados internacionales.
Según Salvador, «el Estado ecuatoriano se ha dado el trabajo de obtener seguridades por escrito de las autoridades británicas de que no extraditarán al señor Assange a un país donde haya pena de muerte o que esa pena de muerte le pueda ser aplicada. Más allá de eso el Estado ecuatoriano no puede hacer nada».
Esos pronunciamientos, según Salvador, están contenidos en cartas de dos secretarios de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido que han sido entregadas a los abogados de Assange.
Sin embargo, el abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, negó que esas cartas hubieran sido entregadas a la defensa, que solo recibió un documento que habla de la existencia de las misivas.
El procurador Salvador aseguró que el Estado ecuatoriano desconoce si existe alguna solicitud de extradición, y tampoco sabe si Reino Unido le comunicaría sobre el tema si llegase a existir una solicitud en ese sentido.
Mientras Assange permanezca en la embajada y cumpla con el protocolo no corre peligro, más allá de la afectación natural de estar dentro de esa sede diplomática por seis años, agregó.
Salvador reveló además que en días pasados Assange se realizó un chequeo médico.
El protocolo establece que los chequeos médicos deben realizarse cada tres meses por parte de médicos seleccionados por Assange y que sus resultados serán confidenciales, según el procurador.
El fundador de WikiLeaks no ha abandonado sede diplomática por temor a que EEUU pida su extradición para juzgarlo por la publicación de miles de cables diplomáticos y militares, muchos de ellos secretos. (Sputnik)