Por otro lado, Sosa advirtió que «hay una cuestión de formas muy clara que tiene que ver con la modalidad de debate parlamentario elegido por el gobierno, que apunta al carácter de urgente consideración para un conjunto muy vasto de temas. Allí, tomamos en consideración la advertencia de algunos constitucionalistas que hablan de la eventual inconstitucionalidad del proyecto y fundamentalmente rechazamos el carácter poco democrático de poner una discusión tan vasta en solamente noventa días”.
El tercer eje argumentativo tiene que ver con el momento histórico en el cual se presentó el proyecto de ley . “La oportunidad de presentación elegida en plena emergencia sanitaria implica que las posibilidades de movilización de los sindicatos y gremios de la educación se vean severamente limitados”.
Sobran los motivos
En este marco, ADES conformó una comisión que se encargó de analizar la ley urgente e identificar aquellos motivos que los transformaban en opositores del proyecto.
La encargada de exponer los argumentos fue una de las integrantes de esta comisión, Paula Dabbadie, quien entre los argumentos, manifestó que se trata de una ley que “criminaliza a la pobreza y a los jóvenes de nuestro país».
A entender de ADES gran parte del contenido de la ley esta en sintonia con el uso de la represión, el «gatillo fácil», la violación de los Derechos Humanos y al abuso de la autoridad. Consideran que todo “aplica hacia ese lado” y no “hacia una solución”.
Con respecto a la educación, entienden que la LUC «quita a la educación pública su histórica función de aumentar la cultura general» y le otorga más poder al gobierno mediante una mayor intervención del Ministerio de Educación y Cultura en las políticas educativas.
«La formación de la educación debe ser integral, apuntar a la reflexión, a generar personas críticas, comprometidas con la lucha por la igualdad social y la LUC incorpora el concepto de las competencias para la vida. Ese sería el objetivo principal para la educación pública formal. Eso obviamente implica habilidades y técnicas para realizar procedimientos concretos y eso es funcional al objetivo de que los jóvenes se inserten en un mercado laboral, en convivencia con los objetivos con lo que son los organismos internacionales de crédito. A su vez, dentro de esa definición, se incorpora lo que es la mera acreditación de los cursos a diferencia de la formación integral que nosotros promovemos”, explicó Dabbadie.
Además, remarcan que la ley de urgencia establece una comisión coordinadora del Sistema Nacional de Educación que le “quita la caracterización de educación pública” a esta comisión (que ya existe) restando participación a la Universidad de la República y otorgándole más a la educación privada y a la formación militar y policial. “Eso tiene que tiene que ver con una faceta más del proceso de privatización que ya se viene generando en nuestra educación pública”.
A continuación puede leer el documento completo
20 razones por las que decimos NO a la LUC (1)
