Según el FA, el nuevo protocolo, sumado a las competencias que le otorga la Ley de Urgente Consideración (LUC) a la Policía, que la habilita a recabar información sin comunicar al juez o fiscal de turno, «profundiza el riesgo de desprotección para mujeres, niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestro país víctimas de VBG e intrafamiliar».
Para finalizar, legisladoras y legisladores de la fuerza política, le exigen al Poder Ejecutivo «garantizar el derecho a la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes» y «generar políticas proactivas y profesionales con el foco en los derechos de las personas y no las convierta en victimas de violencia institucional».