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Legisladores oficialistas acordaron con el Ministerio de Economía y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reasignar recursos para poner en práctica la Ley Integral contra de la Violencia de Género en el interior.
Se pretende poner en funcionamiento tres juzgados letrados especializados en 2021.
El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la prensa que se acordó con la SCJ tomar recursos de los $ 800 millones asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial.
Poner en funcionamiento estos juzgados en el interior costaría unos $ 57 millones por año.
Aún no está definido donde serán instaladas las sedes pero se estima que puedan estar en Rivera, Salto y Paysandú.
En el proyecto de Presupuesto la implementación de la ley no iba a comenzar hasta, por lo menos, 2024.