Santa Catalina: del balneario proletario al feudo de los narcos

Pero en los noventa, Santa Catalina no fue ajeno al proceso de crecimiento exponencial de la población del oeste que triplicó su población en menos de una década, y así de golpe este barrio de pescadores, soñadores y obreros para fines de los noventa ya tenía una población cercana a los nueve mil habitantes, en un proceso continuo de ocupación de terrenos por parte de sectores sociales excluidos del sistema formal laboral.

Muchas de las familias que se afincaron alrededor de aquellas primeras viviendas proletarias traían en la piel las huellas de al menos una o dos generaciones de excluidos del trabajo y empleo formal, muchas procedentes del interior del país.

El barrio heredero de las tradiciones obreras del Cerro desarrolló un tejido social que le permitió hacer frente a las dificultades organizando su comunidad brindándole un centro escolar (maestros que usaban un tablón y dos tanques de escritorio y un pizarrón artesanal), un club deportivo y una comisión de salud donde los vecinos gestionaban incluso una ambulancia.

Un barrio de familias humildes llevando la pobreza con dignidad y encontrando en la preservada naturaleza una válvula de escape de la sensación de frustraciones y un argumento para sentir que estaban en su lugar en el mundo.

Cáncer en el tejido social

Aquel maestro que empezó a dictar clases en el terreno donde luego primaria construiría la escuela con el tiempo abrió junto a su esposa también maestra de la zona una farmacia, un servicio básico para una zona distante a 15 minutos de la curva del Cerro, en tiempos en que el transporte público no se había desarrollado como el que tiene hoy en día, y donde la policlínica barrial no daba abasto o contaba con los medicamentos necesarios.

Pero una mañana fueron rapiñados por un gurí que en su momento fue alumno de ellos. Los almacenes, búsqueda de ingresos para quienes conservaban algún pequeño capital producto de un despido o changa grande, pasaron a ser robadas o rapiñadas por hijos de familias a las que el almacén fiaba.

Algo había cambiado definitivamente.

La brutal crisis económica de los 2000 estaba haciendo sus primeros impactos, cuando “desembarcó” la pasta base, haciendo estragos entre los jóvenes casi niños y haciendo emerger un nuevo y doméstico “rubro laboral”.

Familias constituidas en forma clásica, monoparentales, con presencia cercana y en el mismo barrio de abuelos, tíos y primos, familias multiparentales, jefas de hogar con muchos menores a cargo, todas fueron impactados por la presencia de la pasta base, y el involucramiento en forma más activa o pasiva .

El círculo cerrado e infernal de la pobreza se había instalado y la pobreza no es solo la falta de acceso a bienes y servicios materiales; también es una pobreza espiritual e intelectual que permite la aprehensión de nuevos valores, como el desapego y la falta de empatía con la suerte y la vida del otro.

En 2022, Santa Catalina ocupa los primeros lugares en el país con un 24% de su población bajo la línea de pobreza. Esto implica que si mantuviera una población de 9.000 habitantes, 2.160 viven bajo la línea de la pobreza, una cada cuatro personas, un fermental caldo de cultivo, entre otras cosas, para el microtráfico.

911

Las políticas públicas de seguridad habían instalado en Santa Catalina una comisaría móvil por entender que el territorio de la seccional 24 era y es demasiado extenso para dar respuesta rápida.

Había un patrullaje cotidiano de la Guardia Republicana, pero su vínculo con los jóvenes no era el adecuado y los casos de acoso y abuso policial eran cosa de todas las noches, hasta que en el momento mas álgido un funcionario policial asesinó a Sergio Lemos.

Buena parte reaccionó con furia, incluso fue prendida fuego la comisaria móvil, mientras otra parte del barrio se movilizó en forma pasiva, pero ambas partes quedaron con un sentimiento de desconfianza hacia la labor policial y Sergio Lemos se convirtió en un mártir de la zona.

En ese momento la administración de Bonomi definió una estrategia de evitar la confrontación de los vecinos con la Policía y replegó las fuerzas.

La mesa quedó servida para la expansión de las bandas organizadas de narcotraficantes que operaban en Cerro Norte y en Casabó que hasta el momento solo ingresaban al barrio para delitos puntuales.

A esa política de repliegue de las fuerzas ya sobre el fin de su administración, se sumó la inacción voluntaria de las fuerzas policiales de zona IV que luego se comprobó tenían centrados sus esfuerzos en casos de corrupción que valieron varias sanciones y formalizaciones.

Pero durante todo ese proceso no hubo respuesta policial.

Feudo narco

Ricardo Damián Cáceres Correa es medio hermano del famoso delincuente Luis Alberto Betito Suárez.

Bajo su liderazgo, la banda que instaló el negocio de tráfico de estupefacientes se autodenominó “los Ricarditos” abriendo una constelación de bocas y reclutando, primero por consumo y luego por deudas, un “ejército” de jóvenes que empezaron a marcar casas y vecinos y a “liberar” espacios públicos para instalar su presencia; la terminal de Santa Catalina, la suerte de rambla de la playa y algunos de los asentamientos irregulares (San Martín, Nuevo Comienzo, San Miguel) se convirtieron en una constante zona en disputa.

Los “Ricarditos” fueron cooptando, imponiendo sus leyes a quienes antes comerciaban marihuana y pasta base y tomando el control del negocio.

En lo que va del 2022, cinco familias fueron desalojadas por la fuerza; algunas porque algunos de sus hijos habían generado deudas y el pago incluía la vivienda y otros para la instalación de bocas.

Una boca instalada tras desalojar a la familia está a media cuadra de la terminal de Santa Catalina rumbo a la playa y otra por la calle Dalia. Son las dos más evidentes que todos los vecinos ven y conocen, salvo la Policía.

A los “Ricarditos”, debilitados por algunas de las detenciones de sus líderes o el asesinato de algún referente, se les enfrenta la banda de los “Nardos”, hundiendo a la zona en un baño de sangre.

Pero la presencia de los narcos no solo se ciñe a la guerra territorial y el delito; genera una conducta naturalizada de la violencia y el desprecio a la vida. A fines del año pasado un amante despechado asesinó al nuevo novio de su examada, todos jóvenes en el entorno de los 19 años.

Una maestra debió dejar de asistir a dar clases en la escuela de Santa Catalina luego de que fuera amenazada de muerte por una madre integrante de la Armada, uno de los pocos trabajos públicos en la zona.

Impotencia tras las puertas

De los últimos asesinatos cometidos, la mayoría de los vecinos pueden narrar los hechos con bastante precisión. A Facundo el Tero lo mataron porque parece que quiso vender drogas por la de él. Nos cuenta una vecina: “Me enteré a los días de Facundo el Tero. Dicen que vendía porro. Me dio pena. Lo conocía de chico, iba a la escuela con mi hijo. No se si andaba en algo, pero dio pena, cayó mal: yo me hablo con la madre, buena vecina, pero no podía con él. Hace unos años llorando me contó que fue a INAU y pidió que lo internen”.

Juan Lamela, acribillado junto a otra persona a la salida de un bar, fue quien ejecutó, dicen en el barrio, a Facundo, y están convencidos los vecinos de que le prepararon una emboscada.

Varios testimonios de vecinos recabados por Caras y Caretas dan cuenta de dos sentimientos, impotencia y miedo.

“Al tío de Maira que ya no tenía que vender o robar para pagar, le cortaron unos dedos”. “ A Fulano de tal lo tenían secuestrado en la boca hasta que la familia pagara un rescate”. “Yo estoy viendo también de poder irme, no por que no me guste el barrio sino porque ya no podés hacer nada para sacarlo a flote, es un barrio de narcos y nos están ganando, perdimos mal cuando perdimos a los gurises por los que tanto se trabajó”. “ Es muy triste todo, a las 6 de la tarde no podes salir más, mandados cuando llegás y después cerrá las cortinas y quedate adentro porque no sabes en qué momento van a arrancar a los tiros, pero te aseguro que no pasa un día sin que escuches tiros y corridas. A mí y otras tantas madres no nos quedan puertas por golpear, yo una simple vecina la veía venir y no es que no reclamamos, pero tampoco te podés exponer porque acá te tirotean la casa”.

La sensación de impotencia se ve respalda por los pocos frutos que parecen tener las reuniones de vecinos con el director de Seguridad Ciudadana, Santiago González.

“La Policía en el barrio no existe y no sé para que van a venir si parecen estar todos comprados,las bocas no cerraron ni una, al contrario, cada vez hay más. Vamos al cementerio una vez por semana a enterrar gurises”.

Otra vecina reafirmó los dichos denunciando: “Sabés qué pasa, que a mí esta gente (por la policía) no me da garantías, no les tengo confianza, en algún momento me reuní con Vázquez, pero era otra cosa, acá esta metida la Policía con los narcos y si se enteran, nos cagan a balazos, la verdad es que me da miedo por mi familia, lo que deberían de hacer desde el ministerio es infiltrar gente en el barrio y hacer una investigación bien seria, pero no podemos ser algunas caras las que nos enfrentemos a eso, de verdad me encantaría, pero no son confiables; tengo un hijo adicto y sé cómo se mueven estos tipos y cómo están metidos en toda la joda, si los denuncio sin dudas se enteran, y dudo que algún vecino quiera ir y sería por el mismo motivo”.

La escasa atención a la salud con una policlínica local en terreno de la Armada que carece de especialistas y medicamentos es otro elemento adicional; testimonia una vecina que parte del problema es “la espalda a la salud mental y emocional. Hay gurises que desde que estaban en la escuela ya se veía que iban por ese camino de desamparo. Se vienen muchos nombres a la cabeza. Es tremendo”.

De cotelete

De las críticas a la gestión de las políticas públicas en materia de seguridad tampoco escapa la administración frenteamplista que parece haber tenido una política de “cotelete”: “ Está complicado, no hay políticas serias para las rehabilitación, el FA no hizo nada y estos van a hacer menos. Triste pero verdad”, es el testimonio de una reconocida militante frenteamplista y social.

Santa Catalina alguna vez fue bautizado como una “guarida de gente de izquierda” y el Frente Amplio siempre votó muy bien esa zona.

Algún trabajo de campo de estudiantes de antropología detallaba el pleno ascenso de la figura de José Mujica por la cantidad de balconeras de la 609 que se veían en todo el barrio.

Sin embargo, la militancia de izquierda tomaba cierta distancia del fenómeno, lo observaba por el rabillo del ojo e incluso a pesar de que muchos de sus familiares estaban involucrados por consumo, negar el problema y atender asuntos más “importantes” era el camino elegido.

Aún hoy, consultados algunos de los viejos militantes expresan: “Algunos vecinos repiten lo que dice el gobierno. El último dicen que había ocupado la casa de una señora que estaba cuidando la casa del cuñado que estaba de vacaciones, lo que sé es que a Facundo, que había trabajado en la cooperativa de Punta Yeguas, lo mataron y hacía dos años que estaba trabajando en los galpones del bajo de la petiza; si bien tuvo una etapa jodida hace unos años, ahora dicen que estaba encarando, es lo único que sé, es tan triste lo que está pasando en los barrios que no se sabe qué hacer; a veces creo que es para desviar la atención, no sé”.

Muchas de aquellas familias originarias de raíz laburante e incluso las nuevas generaciones tienen como horizonte mudarse del barrio, pero se topan con la muralla de sus posibilidades reales: “¿Yo me iría pero a dónde? Apenas uno puede sostener vivir acá”.

Mientras terminamos esta nota, vecinos nos acaban de informar que le acaban de copar la casa y otra vecina que le acaban de ingresar a robar con la hija y el nieto durmiendo a las seis de la mañana.

Consultado el director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, por Caras y Caretas, que en la primera semana de febrero tuvo una reunión con algunos vecinos, prefirió no hacer declaraciones hasta que terminaran dos investigaciones en curso.

Por su parte, el alcalde del Municipio A, Jorge Meroni, dijo a este medio que en Santa Catalina se instalará el Plan ABC con trabajos de caminería y pluviales y que la inseguridad en aumento abarca todo el municipio oeste, por lo que no entiende bien los números brindados por el Ministerio del Interior, aunque ha comprobado que mucha gente considera poco efectivo denunciar