El objetivo de la concentración fue presentarse de forma pacifica frente a la Torre Ejecutiva en rechazo al hostigamiento que más de 650 familias están padeciendo por parte del sistema judicial que, en plena emergencia sanitaria, los intimó a desalojar el nuevo barrio que venían conformando.
Lo que generó más indignación fue la forma: el procesamiento de dos vecinas del barrio, a las cuales tomaron de rehenes de la situación, pidiéndoles que sean ellas quienes se hagan cargo de exhortar al resto de los vecinos a abandoar las fincas en el plazo de una semana. De el éxito de este turbio operativo, dependerá la libertad de estas mujeres. «Les dieron la tarea de tratar de desalojar a la gente para ellos no intervenir. las agarraron de rehén para hacer el trabajo que tiene que hacer el Gobierno», le explicaban dos vecinos a Caras y Caretas Portal.
Estas vecinas, madres y amas de casa, reconocidas por otros vecinos como «gente honesta» fueron acusadas de «asociación para delinquir». Así le llamaron al trabajo que hacían estas mujeres para colaborar con la organización del barrio y la gestión de los merenderos. «Queremos que quede claro que nosotros no somos una organización delictiva. Le estamos dando de comer a la gente, dando una mano para que no falte la comida y asesorando a quienes llegaban a ocupar sobre las formas y las medidas de las parcelas para que sea justo para todos».
Parados al frente de las puertas de Presidencia, decenas de vecinos cantaron el himno, alzaron sus pancartas e hicieron palmas para llamar la atención del Gobierno. Una de las voceras leyó una proclama que comienza relatando que el barrio se inició de manera espontanea en enero, con la llegada de las primeras 30 familias, y que hoy son aproximadamente 1000.
El predio en cuestión se encontraba desocupado hace 50 años. Era una tierra «sin vida» que fue ocupada por familias que no contaban con otra solución habitacional. «Acá viven mujeres víctimas de violencia de género, algunas que se encontraban en refugios del Mides, jóvenes en rehabiltación provenientes de alguna ONG , personas de nacionalidades extranjeras, madres y padres jefes de hogar, militares, policías, pescadores, etcétera», expresa la proclama.
En el documento también cuestionan el «quédate en casa» que en este caso quedó en el olvido y expresan el sentir de los vecinos frente a esta situación, quienes lamentan ser señalados y maldecidos como una «cuna de delincuentes». Frente a esta condena, ellos responden que en solo 4 meses realizaron los tramites de agua potable, gestionaron un merendero que se encuentra en funcionamiento con las colaboraciones de varios sindicatos y el trabajo voluntario de los vecinos. También realizaron una campaña para recolectar abrigo para quienes lo necesitan. De eso se trata la «organización para delinquir» de la que fueron acusados.
«No pedimos que nos regalen nada, solo que nos brinden la oportunidad de solucionar nuestros problemas habitacionales y los de nuestros niños. No nos condenen por ser pobres», concluyen.
