En términos generales, actualiza la normativa nacional existente en cuanto al cumplimiento de los compromisos que Uruguay asumió ante organismos internacionales orientados a la promoción del ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres. En tal sentido, incorpora definiciones conceptuales sobre igualdad, no discriminación y acceso a la justicia.
Para garantizar su efectividad, esta ley crea el Sistema Nacional para la Igualdad de Género en el cual trabajará un conjunto articulado de organismos e instituciones. Asimismo, crea las Unidades Especiales en Género en todos los organismos públicos, con el fin de favorecer la aplicación de los derechos y principios establecidos en la ley.
Por otro lado, crea fondos concursables dirigidos a la sociedad civil para fortalecer la participación ciudadana.