Fundamente Secundaria la resolución en la denominada Ordenanza 10 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la que establece que “todo funcionario público está obligado a denunciar las irregularidades de que tuviera conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentara particularmente” y a ponerlas en conocimiento de sus superiores.
Simultáneamente la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) publicó la resolución en sus redes sociales junto a un breve mensaje: “El Estado de Derecho ya no rige en Secundaria. La persecución y la criminalización de las organizaciones sindicales y sus militantes es norma”.
Mañana viernes se reunirá la mesa directiva del gremio para evaluar la situación, según dijo a la diaria Pablo de León, presidente de ATES.
“Estamos analizando posibles medidas a tomar de aquí en adelante”, sostuvo. De León apuntó que en el correr de las próximas horas se van comunicar “urgentemente” con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por esta situación, al igual que con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y los “compañeros” del Pit-Cnt.