El Partido Nacional resolvió derivar a su Comisión de Ética la situación del edil de Montevideo Gonzalo Gómez, a raíz de su vínculo con Lucio Leiva, quien formaba parte de su equipo de asesores en la Junta Departamental y fue condenado en el marco de la Operación Trazador.
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Gonzalo Gómez, su caso pasó a la Comisión de Ética.
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La decisión fue adoptada este domingo por la Comisión de Asuntos Políticos del partido, luego de recibir a Gómez y escuchar sus explicaciones. Según informó el Partido Nacional mediante un comunicado, el órgano recomendó al Directorio que la Comisión de Ética convoque al edil —quien manifestó su disposición a concurrir— y posteriormente eleve un informe sobre el resultado de su análisis.
El pronunciamiento partidario incluyó además otras medidas. Entre ellas, recomendó al Directorio aceptar la renuncia de Leiva a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo.
Edil con el partido
El episodio comenzó a ser abordado formalmente por la conducción nacionalista el sábado, cuando el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, mantuvo un encuentro con Gómez. De acuerdo con el comunicado, fue Delgado quien planteó que el edil fuera recibido por la Comisión de Asuntos Políticos este domingo.
El Partido Nacional señaló que Gómez resolvió desvincular a Leiva de su asesoría en la Junta Departamental, una decisión que, según el comunicado, ya había sido solicitada por el propio asesor. Además, el edil solicitará licencia ante el Directorio mientras se determina el alcance de las responsabilidades relacionadas con el caso.
En su declaración, la Comisión de Asuntos Políticos calificó de "enorme gravedad" que una persona condenada por narcotráfico hubiera llegado a ocupar un cargo de confianza política. Al mismo tiempo, sostuvo que el hecho de que los integrantes del sector desconocieran los antecedentes de Leiva no los libera de la obligación de actuar con "diligencia y cuidado en la función pública".
El origen del caso
Leiva recibió una condena de dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones.
El fallo se produjo a partir de la investigación denominada Operación Trazador, que derivó en la incautación de más de 260 kilos de pasta base. La pesquisa continúa abierta y la Fiscalía analiza otras personas y operaciones que podrían estar vinculadas al entramado investigado.
Entre los aspectos que forman parte de esa investigación se encuentra la actividad de un local de cobranzas perteneciente a la esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini. Ante la consulta pública por el tema, Gandini manifestó que tanto él como su familia están a disposición de la Justicia y que cuentan con documentación para acreditar el funcionamiento del comercio. También afirmó que no tienen "nada que ocultar".
El Partido Nacional sostuvo en su comunicado que confía en el trabajo de la Fiscalía y de la Justicia y remarcó la necesidad de preservar las garantías del proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas mientras avance la investigación.
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