Sin embargo, pese a las dolencias que aducía, de Borba continuaba concurriendo a la Junta Departamental , lo que motivó que se le abriera un expediente en ASSE, en cuyos registros constaba que padecía de neurosis, es decir, de una enfermedad del sistema nervioso caracterizada por inestabilidad emocional.
Como la inestabilidad emocional continuaba, en agosto de 2017 presentó un nuevo certificado que no fue validado, por lo que la flamante directora cambió de estrategia, adoptando un gradualismo que demostró efectividad, ya que se certificó en otras diez oportunidades. Eso sí, en este período no por «neurosis», lo que revela la efectividad que pueden tener las denegaciones como terapia para la inestabilidad emocional.
Sin embargo, los certificadores que tan bien obraron del punto de vista funcional, no tomaron los mismos recaudos en el plano de la clínica, ya que la liberación de la neurosis va íntimamente asociada al rencor, particularmente en lo que se refiere a infligir a los reales y presuntos victimarios una represalia que genera placer en el neurótico.
Así, a días de asumir su cargo, Silvia de Borba cesó a la directora de Desarrollo Humano y a los funcionarios de las cuatro divisiones que dependían de la dirección. Por supuesto que uno de ellos era el director del Departamento de Certificaciones, que había elaborado un informe en el marco del sumario iniciado a la actual directora de Desarrollo Humano, el que había puesto a de Borba en una situación comprometida.
El proceso del sumario de la funcionaria inestable pasó por varias fases. La primera se encaminaba a la destitución y esa fue la decisión de Jurídica de ASSE, respaldada por el informe de las juntas médicas y el informe del director de certificaciones de ASSE. Sin ahondar en aspectos clínicos, los consultados sostenían por unanimidad que es imposible estar «medio enfermo», a saber, estarlo para concurrir a su trabajo y a su vez mantener una activa presencia en la Junta Departamental.
El original recurso que presentaron los abogados de la novel directora fue que su trabajo como edila era una actividad «recreativa» que estaba recomendada para tratar su cuadro depresivo. Con ese argumento (y tal vez con otros) le torcieron el brazo a Jurídica de ASSE para que recomendara no sancionarla. En tanto se sustanciaba el procedimiento, hubo informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Junta Departamental de Canelones que incidieron en el viraje.
Fue asi que el 7 de mayo, dos semanas antes de su designación como directora, las actuales autoridades de ASSE clausuraron y archivaron el sumario. La resolución en tal sentido fue firmada por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani y el vice, Marcelo Sosa, ambos dirigentes blancos de Canelones.
En su defensa, de Borba argumentó que su inestabilidad emocional estuvo relacionada por un cambio de funciones, ya que pasó de desempeñarse como adjunta de la Dirección del Hospital Pasteur a integrante de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, como responsable del área de Logística, lo que para de Borba era «un cargo totalmente inferior».
En esa dependencia de Borba denunció maltrato (cuando se sustanciaba el sumario y no cuando presuntamente se efectuaba). En su descargo, la edila «neurótica» alegó que la doctora tratante la habilitaba a salir de su casa y «hacer cualquier tipo de actividad, salvo trabajar», por lo que concurría a la Junta Departamental, un cargo electivo y honorario.
De acuerdo a lo que expresó a Búsqueda confirmó que cesó a los jerarcas de las divisiones dependientes de su dirección para «elegir a gente de su confianza para trabajar».
Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la actividad de la nueva directora en la Junta de Canelones no era tan honoraria como argüía, ya que si bien la actividad en esa dependencia no es remunerada, la Junta tiene un sistema de reintegro de gastos por asesoría técnica que funcionan como una suerte de salario encubierto.
A ese expediente hizo uso de Borba al menos entre agosto y octubre de 2019, cuando presentó facturas de Dariemas S.A, una empresa con sede en el departamento de Florida, donde facturó por valores de $ 97.090, $ 97.787 y $ 98,687, seguramente para solventar sus actividades recreativas.
Según la publicación, entre enero de 2018 y 2019 habra cobrado entre $ 85.000 y $ 94.00, aunque los autores de la investigación no pudieron acceder a la documentación acreditante.
De Borba es esposa de Julio Lara, dirigente del PN que inició su militancia en el Movimiento Por la Patria, que fue diputado por Canelones y entre 2005 y 2010 ocupó una banca en el Senado, ocupando el primer lugar de la lista por Canelones de la lista 71 de Lacalle Pou.
En estas elecciones, Lara no alcanzó la banca a la que aspiraba, pero llegó igualmente al Parlamento ocupando uno de los cargos políticos de confianza, como prosecretario de Comision Admnistrativa del Palacio Legislativo.
Es de rigor, aunque se mencionó la fuente periodística, destacar el trabajo de investigación de los periodistas Federico Castillo y Joaquín Mocoroa, autores del artículo que revela esta trama.
