En otro pasaje, el sindicato enumera características del empleo doméstico, como la multitarea simultánea (limpieza, cocina, lavado y cuidado de menores, mayores y personas con discapacidad) y el esfuerzo físico constante. También menciona la exposición a riesgos por el contacto con productos químicos (hipoclorito de sodio, amoníaco o desinfectantes), humo de tabaco en la vivienda y escasa o nula protección.
“Estas condiciones producen un envejecimiento laboral o prematuro del cuerpo de las trabajadoras”, indica el documento. Con esos elementos, el SUTD propone el “reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como trabajo penoso e insalubre”.
Jubilaciones y vivienda
El actual sistema previsional prevé el aumento de la edad jubilatoria de las trabajadoras domésticas de 60 a 65 años de manera escalonada, aspecto que para el sindicato es incompatible con la realidad laboral del sector.
Por eso solicita la reducción de la edad exigida “considerando el carácter penoso del trabajo” y el cómputo especial de años por tareas de cuidados intensivos. El texto afirma que muchas trabajadoras no llegan a la edad prevista en buenas condiciones de salud y a eso se suma que las jubilaciones que reciben “no alcanzan para una vida digna”.
También sugiere cambios para el reconocimiento de los años trabajados. Señala que actualmente el Banco de Previsión Social (BPS) exige requisitos probatorios -como la exigencia de presentar cuatro testigos- que resultan desproporcionados e injustos para un sector con alta informalidad histórica. Una de las propuestas apunta a reconocer las pruebas que presente la trabajadora ante el organismo. “Acreditados indicios razonables de la relación laboral deberá ser el BPS o el empleador quien pruebe que (el vínculo) no existió”, dice.
Un último capítulo está dedicado a la mejora del acceso a la vivienda. Allí marca las limitaciones que tienen las empleadas para hacerlo, como los salarios sumergidos, la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, préstamos bancarios o planes de ahorro y la ausencia de planes habitacionales específicos para las trabajadoras domésticas.
En ese contexto propone la inclusión del sector en políticas públicas de vivienda, el apoyo activo de las intendencias mediante la cesión o subsidio de terrenos disponibles y una articulación con el Estado para facilitar materiales de construcción, asistencia técnica y financiamiento.
El proyecto concluye que garantizar jubilaciones dignas para el empleo doméstico, facilitar el reconocimiento de años de trabajo y asegurar el derecho a la vivienda “no es un privilegio; es justicia social”.
