Este viernes en Legítima Defensa, Marcelo Amaya, dirigente de la Unatra (Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines), opinó que “una normativa con ese nivel de discrecionalidad puede llegar a poner en riesgo, no solo a los trabajadores (rurales), sino a los pobladores de esos territorios e incluso a personas ajenas a las labores (de fumigación)”.
En ese sentido, recordó un trabajo realizado de forma conjunta entre la Unatra y Extensión Universitaria de la Universidad de la República, que “en la rama del arroz -uno de los rubros donde más se aplican agroquímicos- arrojó datos de que la preocupación (por los riesgos) superaba a más del 60% de los trabajadores”.
Amaya explicó que ese porcentaje de trabajadores “tenían la percepción de que sus problemas de salud provenían del trabajo constante con agrotóxicos”.
En cuanto al riesgo que implica la no obligatoriedad de registrar los agroquímicos empleados en las fumigaciones, el dirigente consideró además que “en eventuales casos de intoxicación, para tratarlos es un hecho bastante grave el carecer de información”.
Consultado en torno a quienes se podrían ver beneficiados por esta decisión, Amaya explicó que por una cuestión de “escala” los beneficiados son y han sido los grandes productores, en detrimento de los pequeños. “Esta práctica y este modelo son las metodologías que han concentrado territorio”, aseguró.
El dirigente contó que la Unatra tiene prevista una reunión en los próximos días “para empezar a ver qué caminos” siguen para intentar revertir la no obligatoriedad resuelta por un año.
El sindicato maneja como primeras opciones recurrir al Ministerio de Trabajo y a la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento.
