Las prórrogas de Javier y Armando a favor de Mario
Los legisladores oficialistas interrogaron a Martínez sobre las múltiples prórrogas concedidas a Cardama, tras el vencimiento del plazo de 45 días establecido en el contrato desde la firma el 15 de diciembre de 2023 para que la empresa de Vigo pudiera presentar las garantías de reembolso y de fiel cumplimiento (del contrato).
La primera de ellas, solicitada por Cardama el 25 de enero de 2024, por un plazo de 30 días para constituir las garantías, mientras se excusaba de estar haciendo gestiones con Pymar, una sociedad constituida en 1985 por empresarios gallegos de astilleros, y con el Banco de Seguros del Estado (BSE), fue otorgada por Javier García.
Pero las gestiones de Cardama en España cayeron por el propio peso de sus deudas con socios y bancos, mientras que en Uruguay, los servicios técnicos del BSE recomendaron al presidente de la institución, José Amorín Batlle, no otorgarle las garantías solicitadas por el desfinanciado empresario gallego, que necesitaba como agua en el desierto conseguir los avales para poder cobrar la primera cuota de € 8.225.000 que el Estado uruguayo le giraría tras la presentación de los avales que pondrían en vigor el contrato para la construcción de dos buques OPV.
El 24 de febrero de 2024, Cardama admite que no prosperaron las gestiones con Pymar y el BSE, tampoco con la firma uruguaya M y N de Freitas y que recurriría a la corredora de seguros Som.us, por lo que el 28 de febrero de 2024, Cardama pide una nueva prórroga de 10 días al MDN, la cual es aceptada días después por el Ministerio que ya tenía como secretario de Estado a Armando Castaingdebat.
Las excusas de Cardama y las prórrogas otorgadas por el ministro se extendieron sin documentación oficial y sin una contrapartida que recompense al Estado por la pérdida de los plazos previstos en el contrato, lo cual, junto al precio, fueron los ítems presuntamente decisorios por los que el Gobierno de Luis Lacalle Pou se definió por Cardama en detrimento de astilleros más experimentados en la materia.
Aceptada, en parte, la garantía de reembolso de Redbridge Insurance Company, (de dudosa capacidad financiera para hacer frente al millonario contrato), la polémica se centró desde ese momento sobre la garantía de fiel cumplimiento que nadie quería otorgarle al empresario gallego, quien tuvo que apelar al expiloto de la Armada y lobista del varadero gallego en el negocio con el Estado uruguayo, Gerardo “Bocha” Moreira, para inventar la famosa garantía de EuroCommerce LTD, una compañía de papel creada para la ocasión cuyo supuesto abogado, que se comunicó con el estudio Delpiazzo, era uno de los abogados del varadero Cardama, según advirtió José Miguel Delpiazzo en la comisión investigadora.
Tras fracasar las gestiones del desesperado empresario gallego con la empresa uruguaya Porcilar (Abitab), el 3 de setiembre de 2024, Mario Cardama solicitó un aplazamiento de 72 horas que se terminó extendiendo, por orden del exministro Castaingdebat, dos meses más sin justificación ni documentación del MDN.
Por tal motivo, los legisladores oficialistas consultaron a Martínez por la sospechosa última prórroga que se extendió hasta después de la primera vuelta de las Elecciones Nacionales que perfilaban a Yamandú Orsi como nuevo presidente.
La irregular validación de la garantía trucha presentada por Cardama
El rol de Martínez estuvo desde el principio sobre la lupa, ya que fue por medio de su correo electrónico personal o el del Cr. Galó (siempre con copia a él) que le comunicaban a Cardama la aceptación de las siete prórrogas otorgadas a la empresa, a pesar de las constantes advertencias del estudio Delpiazzo.
Por ejemplo, cuando Cardama presenta el 6 de setiembre de 2024 un borrador de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte de EuroCommerce, José Miguel Delpiazzo envía un informe al MDN indicando que el plazo para constituir la garantía había vencido y que el borrador de Eurocommerce no cumplía con la exigencia contractual de la cláusula 27 del contrato que establecía que la garantía de fiel cumplimiento del contrato debía ser por un período de 42 meses.
En el caso de la última prórroga, el exdirector General de Secretaría del MDN se excusó: “El ministro Castaingdebat me mandata de forma verbal” y se le otorga a partir de esa orden del jerarca una nueva prórroga a Cardama que venció a los tres días, pero se extendió por dos meses de forma arbitraria a favor del varadero gallego que, transcurrido el período de gracia de 11 meses, presentó documentación falsificada (según consta de la denuncia penal por presunto fraude al Estado uruguayo presentada por el Gobierno de Orsi que el Poder Ejecutivo ampliará en los próximos días), la cual fue aceptada el 14 de octubre de 2024 por el ministro Castaingdebat, sin haberse realizado los controles pertinentes del MDN sobre su legalidad y respaldo financiero, según admitió el propio Martínez ante la comisión investigadora, a pesar de las constantes advertencias de Delpiazzo, que nunca dio por válida y completa la documentación enviada por Cardama sobre EuroCommerce.
“Esos controles no se realizaron”, puesto que “no es una exigencia que debamos cumplir”, desde la Dirección General de Secretaría explicó el exjerarca consultado por el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, quien en diálogo con Caras y Caretas advirtió que el contrato con Cardama nunca debió haber entrado en vigor “porque nunca se cumplieron cabalmente las obligaciones que la empresa tenía. Pero lo más grave de todo esto es que ningún jerarca ni ningún miembro del gobierno anterior llevó adelante los controles necesarios para evitar que esto sucediera”, algo que “estamos constatando ya en estas nuevas instancias” de la comisión, advirtió.
“Lo que quedó constatado en las declaraciones del exdirector general de Secretaría del MDN es que no hubo controles ni notariales ni financieros, ni de antecedentes de las propuestas de garantía que Cardama iba presentando” y que tampoco se llevaron a cabo los controles de los documentos necesarios para la activación del primer pago” a Cardama efectuado el 21 de diciembre de 2024, un mes después de que Mario Cardama le entregara en mano a Martínez la presunta documentación relativa a la garantía de EuroCommerce y los apostillados de la firma del notario español, denunciada como falsa por el escribano y por el Estado, que esta semana envió a la comisión la documentación correspondiente al fraude.
Garlo manifestó: “Yo lo planteé con preocupación y me llamó mucho la atención que estando tan inmerso en el proceso de constitución de las garantías, un director general de Secretaría, que mantenía comunicaciones directas con el dueño de la empresa correos electrónicos entre él y Mario Cardama, como dueño de Francisco Cardama SA, no asesorara al ministro respecto a estos temas que tenían raigambre profundamente jurídica”, teniendo en cuenta que, además de su función de director general de Secretaría, “tenía expertise, según nos enteramos (el lunes 5 de julio), como docente grado 3 de contratos”.
Aún así, el proceso de validación de las garantías siguió adelante por orden del ministro Castaingdebat, quien a pesar de una nueva advertencia de Delpiazzo fechada el 6 de noviembre de 2024, donde del estudio informó que ninguna de las garantías acreditaba la debida representación de quien las suscribe y en el caso de la de EuroCommerce se señaló expresamente que el documento no estaba apostillado, no tenía la certificación de la firma del notario, ni estaba traducido.
Exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.
Gastón Britos / FocoUy
Castaingdebat: “Nos tendrían que procesar por nabos”
El 22 de noviembre de 2024 (dos días antes de que fuera electo presidente de la República el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, el Cr. Galó firmó la constancia de haber recibido (sin examinar ni controlar su legalidad) la certificación notarial apostillada de garantía de anticipo de Redbridge y EuroCommerce, que a la postre habilitó el primer pago del Estado uruguayo a Cardama por € 8.225.000, por orden del exministro Armando Castaingdebat.
“No hay discusión de que la garantía de EuroCommerce era un desastre", reconoció el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, en una entrevista en Desayunos Informales en febrero de este año. Sobre las responsabilidades que le corresponderían a él, a Martínez y a Galó, apuntó: "Capaz que, si en el Código Penal existiera la figura de nabo, a nosotros nos tendrían que procesar por nabos".
Pero no solo por la garantía de EuroCommerce quedó comprometido Castaingdebat, ya que -según Martínez- también fue el quien dio por buena la (irregular y tampoco controlada) documentación relativa al Hito B, que estipulaba un segundo pago de € 8.225.000, que fue ejecutado el 27 de febrero de 2025, en las últimas horas del gobierno de Lacalle Pou, pero cuya gestión generó serias contradicciones entre el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y el ex jefe de proyecto José Ruiz (quien debía hacer los controles) respecto de cuándo y cómo se recibió y se dio por válida la documentación de la cuaderna maestra (que no era tal) y otros documentos relacionados a las compras de los equipos con los proveedores.
Lo cierto es que en lo vinculado a la validación de la garantía trucha y los primeros dos pagos a Cardama, la situación legal de Castaingdebat es más compleja que la del senador García (quien tiene fueros parlamentarios).
Ambos exministros irán a la comisión investigadora los próximos lunes (13 y 20), primero García y luego Castaingdebat.
