El informe también reveló que, del total de homicidios, 47 correspondieron a varones (81 %) y 11 a mujeres. A pesar de la marcada brecha de género, el documento advierte sobre un crecimiento sostenido de niñas y adolescentes afectadas. Se supo también que la franja etaria que concentra la mayor afectación es la adolescencia. Entre 2023 y 2025, los adolescentes de 15 a 17 años representaron el 59 % de los homicidios consumados (34 de los 58 casos), el 60 % de las tentativas de homicidio (32 de 53) y el 73 % de los heridos por arma de fuego asentados por el Ministerio del Interior (175 de 238). "Estamos ante adolescentes que buscan reconocimiento e integración por los únicos medios que su entorno les pone al alcance", analiza el informe sobre las trayectorias de jóvenes que, al vincularse con economías ilegales, “pueden encontrarse simultáneamente en el rol de víctimas y victimarios”.
En cuanto a la dimensión geográfica donde ocurrieron los hechos de violencia registrados, Montevideo acumuló el 62 % de los homicidios consumados del trienio con 36 casos (10 en 2023, 17 en 2024 y 9 en 2025). Sin embargo, el documento destaca que la distribución territorial mostró un giro relevante en el último año: en 2025, el 53 % de los homicidios de NNA ocurrieron fuera de la capital. En detalle, en Canelones hubo 4 homicidios, 11 tentativas y 28 heridos; en Maldonado 4 homicidios y 12 heridos; en Rivera 2 homicidios y 12 tentativas; en Durazno 13 heridos, y en Soriano 3 homicidios.
Laberinto institucional
A modo de análisis, el documento puntualiza que "uno de los problemas más persistentes identificados es la dispersión institucional”, y agrega que “la preocupación por la violencia territorial y sus efectos en NNA existe en múltiples organismos y en los distintos niveles de gobierno, pero falta un espacio que la focalice, condense y articule respuestas". Asimismo, señalan que no existe un sistema centralizado de registros entre Policía, Salud y Protección Social, indicando que "esta ausencia no es un dato técnico menor: es una forma de invisibilización que reproduce las desigualdades”.
El documento también señala que muchas familias no denuncian situaciones de coacción o balaceras por temor a represalias de bandas criminales o desconfianza institucional. Al exigirse una denuncia penal previa para activar la protección estatal, según explican, estas familias quedan completamente desprotegidas. También remarcan que no existen mecanismos ágiles para relocalizar o proteger inmediatamente a familias con NNA amenazados de muerte, a diferencia de los protocolos existentes para orfandad por femicidio, ni seguimiento médico para sobrevivientes de disparos que adquieren discapacidades o secuelas físicas permanentes, convirtiéndolos en un grupo invisibilizado.
Entre las recomendaciones prioritarias que expone el informe, aparece la creación de un comando especializado o dispositivo de emergencia en NNA articulado a la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPPIA), el diseño de una ruta interinstitucional de protección inmediata para NNA amenazados o baleados activable aun sin denuncia formal previa, y la formulación de un protocolo interinstitucional para operativos policiales en zonas con presencia de infancias.
Entre el miedo y la naturalización
En diálogo con Caras y Caretas, Fernando Olivera, integrante de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs), una de las organizaciones que integra el grupo de trabajo, explicó que el informe presentado recientemente “tiene que ver con el recorrido que vienen haciendo los colectivos de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, reclamando al Estado una respuesta integral ante las situaciones que viven niños, niñas y adolescentes”, aunque aseguró que el documento actual “no condensa” todo el trabajo realizado”. “El objetivo fue sentarnos a la mesa todos los actores vinculados a la temática y analizar cuáles son los nudos críticos y qué mecanismos de protección tenemos como Estado frente a estas situaciones de violencia hacia la infancia y la adolescencia”.
Consultado sobre el impacto que tiene para las infancias y adolescencias crecer y desarrollarse en barrios donde las balaceras son moneda corriente, Olivera aseguró que les afecta “desde todo punto de vista”, y lo describió como “un fenómeno complejo que oscila entre el miedo constante y la naturalización”. “En algunos videos de balaceras que circulan en redes sociales se puede ver que, muchas veces, son los propios chiquilines los que filman los enfrentamientos con sus teléfonos celulares”, agregó.
Sobre la expansión geográfica del delito hacia departamentos como Canelones, Maldonado o Rivera, además de nuevos puntos de la capital, Olivera expresó: "Cuando solo tenemos una respuesta punitiva frente a estas situaciones, los delitos comienzan a expandirse hacia otros ámbitos”.
Desprotección y falta de información
La desprotección de las familias que habitan estas zonas y no se animan a denunciar por miedo a represalias es otro de los puntos críticos señalados en el informe. Al respecto, Olivera destacó que el grupo de trabajo propone la creación de “un dispositivo especial que atienda la situación de la familia en general, pudiendo actuar de oficio”. "La protección del niño, niña y adolescente corresponde al Estado en su conjunto. Actualmente estamos en la lógica de si se hizo denuncia o no se hizo denuncia, como si la denuncia garantizara la vida, cuando no siempre la garantiza. Y mientras tanto esas familias quedan totalmente desprotegidas".
Pero la situación de desprotección “es peor aún”, dice el referente, cuando existen amenazas directas hacia familias involucradas en algún proceso judicial. "Si nosotros lleváramos a un adolescente que está amenazado en el territorio a unidad de víctimas, pero ese adolescente o la familia están indagados por otra situación, no le corresponde protección". A su entender, esto evidencia que "la desprotección es total, porque los gurises, sobre todo los adolescentes varones, pasan de víctima a victimario en un montón de situaciones".
A la vulnerabilidad cotidiana se suma una falla en los registros estatales y en la articulación entre las distintas instituciones. "No sólo no hay información, sino que no hay coordinación entre los sistemas. Por ejemplo, nosotros tenemos información del sistema de salud pública, pero del sistema privado no hay información. No hay información acerca de cuántos niños, niñas y adolescentes baleados después quedan con secuelas graves o muy graves, o una situación de discapacidad. Entendemos que hay un subregistro. Creemos que se debe construir un sistema de información y respuesta único que pueda dar cuenta de otras situaciones que la actual información no proporciona”.
Descriminalizar a los sectores pobres
El grupo de trabajo también cuestiona que las respuestas ante la violencia territorial estén enfocadas únicamente en lo punitivo y sugiere que el análisis no puede perder de vista el factor económico y el reclutamiento de jóvenes por parte de redes delictivas. Sobre este punto, Olivera remarcó que encarcelar a la juventud de los barrios periféricos no altera la estructura de fondo si no se combate el crimen organizado en sus niveles más altos. "Si uno no toma la fotografía entera del lavado de activos, o sea cómo ingresan las armas y las drogas de determinado territorio, si uno no ataca toda la cadena delictiva, vamos a seguir prisionalizando a los mismos de siempre. Tenemos 17 mil presos y lo que va a crecer es la cantidad de pobres presos. Muchas veces el discurso político está disociado de lo que pasa en los territorios y de lo que planteamos las organizaciones de sociedad civil y la academia. La verdad es que el sistema político, muchas veces, redobla su apuesta a la criminalización de los sectores más pobres".
En ese sentido, Olivera denuncia la connivencia y el soporte técnico que reciben los grupos criminales por parte de sectores formales de la economía y la sociedad. "Estas economías ilegales, en muchos casos, van de la mano de la legalidad. Por detrás hay empresas, connotados profesionales, escritorios con mucha reputación asesorando a estos grupos delictivos sobre cómo lavar el dinero. Si piensan que solo desarticulando bocas de droga a pequeña escala vamos a reducir el fenómeno de la violencia, no vamos por buen camino".
Para revertir el escenario actual, Olivera resumió las medidas urgentes que debería asumir el Gobierno: conformar un comité de urgencia interinstitucional que diseñe un plan integral, implementar sistemas de información transparentes, fijar protocolos de actuación inmediata en salud y educación, y revisar “algunos mandatos” que tiene la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.
También consideró urgente, en el marco de la nueva estrategia de control de armas, transparentar la circulación en Uruguay. “Es necesario, por ejemplo, realizar un registro claro, auditable, para saber también cuántas armas y municiones se filtran desde las economías legales hacia las economías ilegales. Hay muchas cosas por trabajar". A su vez, propuso revisar el sistema educativo, que “muchas veces expulsa a estos chiquilines”, señalando que “en los quintiles más bajos solo dos de cada diez jóvenes completan la secundaria”. Sugirió también que es preciso investigar cómo se genera la captación de jóvenes por parte de bandas delictivas, si en el territorio o a través de entornos digitales, ya que “no hay información al respecto”.
Para finalizar, manifestó qué expectativas tiene de que la difusión de las cifras del informe tenga eco en el sistema político y se concrete alguna acción: "Si observamos el nivel de institucionalidad que está involucrado en este grupo de trabajo, entendemos que debería tener sus efectos".
* El Grupo de Trabajo sobre Violencia Territorial y Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un ámbito interinstitucional convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Está integrado por el Ministerio del Interior, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Fiscalía General de la Nación (FGN) y organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAs) y CIPPUS.
