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El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, imputó este viernes a tres policías por el delito de peculado y a otros dos por receptación, por un caso ocurrido en el año 2020, según informaron desde Fiscalía General de la Nación.
En dicho año se realizó un operativo donde se incautó una cantidad muy importante de celulares robados, tras el cual resultaron condenadas dos personas por hurto.
Según la evidencia del fiscal, los policías imputados durante esta jornada, algunos de los cuales participaron del operativo, se quedaron con alrededor de 40 de los teléfonos móviles y posteriormente comercializaron algunos de estos, al tiempo que distribuyeron otros entre ellos, sus familiares y sus parejas sentimentales.
En su pedido de formalización, Romano dejó constancia de que “la maniobra de haberse quedado con más de treinta celulares de alta gama, representó para los presuntos beneficiarios una cantidad aproximada de U$S 50.000 dólares estadounidenses y de 10 celulares marca SAMSUNG modelos A 10, que al momento el valor era de U$S 350 dólares estadounidenses, por lo que la maniobra ascendió a una cantidad superior a los US$ 56.000 mil dólares estadounidenses, en valor de mercado”.
En el escrito, el fiscal también expresó que en sus “descargos”, los funcionarios policiales alegaron que el faltante de celulares registrado en la incautación “fue producto de la participación de un tercero en el hurto, el que al momento de las detenciones logró fugarse con cuatro cajas de celulares que contenían los 40 (celulares) faltantes”.
Además, dijeron que “los teléfonos recuperados y utilizados por los mismos y sus parejas (..) fueron producto de una donación que realizó la empresa damnificada por el “excelente procedimiento policial”, dejando entrever que la empresa se vio beneficiada por haber cobrado el seguro de los mismos”.
Sin embargo, “estas declaraciones fueron desvirtuadas (..) por la declaración de los representantes de la empresa que negaron la donación fundamento del descargo”.
Según informaron desde Fiscalía, Romano no solicitó la prisión preventiva de los imputados, por entender que ya no existe posibilidad de que los mismo destruyan pruebas o interfieran de alguna forma con el adecuado desarrollo de la investigación.
De todas formas, sí solicitó medidas limitativas, como la imposibilidad de salir del país y la fijación de domicilio.