No nos rebelamos, no hay demasiada presión social en relación con estos temas y hay un sistema político-partidario que tiene una cuestión discursiva en relación con la prioridad de las infancias, pero cuando uno ve cuáles son los debates entre los partidos políticos, los temas de cómo encarar los problemas estructurales de reproducción de la desigualdad que tenemos en niños, niñas y adolescentes no están arriba de la mesa.
Uno no ve a los líderes de los partidos políticos digo "los" líderes porque son todos varones discutir, pelearse por esos temas.
Esto que viene arrastrándose desde hace décadas tuvo un punto de inflexión con la Ley 20.376 de creación de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA), que por lo menos abrió un espacio para la política pública y generó ciertas expectativas. ¿Qué avances se han logrado hasta ahora?
Es totalmente positivo que exista la GAPIIA, que se haya votado y que haya sido con todos los partidos políticos. Viene en un ritmo que preocupa, en un ritmo que no es el que el país necesita. Yo aspiraría a que viniera con otra jerarquía política, con otra jerarquización política y con otro ritmo. Me consta que están trabajando. El gabinete se instaló, aunque se demoró casi un año en reglamentar la ley. De hecho, esta semana vamos a tener un espacio de diálogo entre la Plataforma Infancias y Adolescencias y la Secretaría Técnica del Gabinete, que fue solicitado hace un tiempo. Me consta que viene trabajando.
Pero hay dificultades estructurales que tiene el Uruguay en cuanto a la fragmentación de las políticas, en cuanto a la institucionalidad. Hay temas de fondo vinculados a la institucionalidad que el país tiene para los temas de Infancia y Adolescencia, de familias con niños a cargo, que cuesta encararlos. Me refiero a algunas discusiones, por ejemplo, vinculadas al INAU, que es el organismo rector, pero en la vía de los hechos no tiene las facultades ni las competencias para ser rector, porque es ejecutor y tiene muchas dificultades en la ejecución. Esto, con independencia de la administración de turno, no es una crítica a esta administración, ni a la administración pasada, ni a la otra. Hay temas que son estructurales.
Ahí, desde las organizaciones sociales, venimos planteando ya hace unos cuantos años que es necesario separar la función de rectoría de la de ejecución, porque uno no puede ser juez y parte. El organismo rector tiene que ser el que orienta las acciones del conjunto y el ejecutor, el que las ejecuta. El rector tiene que poder decirle al ejecutor: “Esto lo tiene que hacer de tal manera o cual manera”.
En el INAU tenemos, entre otras cosas, esas dos funciones juntas, además de que no tiene una competencia, una jerarquía política para sentarse y decirle a la ANEP lo que tiene que hacer, o decirle al Ministerio de Salud Pública. Desde la institucionalidad hay temas instrumentales que el país tiene para llevar adelante la política pública que están muy inadecuados. Y hay un problema con eso, que es que esa discusión que hay que dar, cuyos efectos van a trascender el período electoral, en general los gobiernos tienen que ponerse a administrar, no tienen ese tiempo. Por eso, desde las organizaciones también queremos impulsar una discusión que trascienda lo coyuntural y que vaya a los temas más estructurales. Esa discusión se tiene que dar con todos los partidos políticos sentados alrededor de una mesa para ver qué opinan, qué quieren hacer de este tema.
En la discusión política, por ejemplo, cuando se planteó el tema de las transferencias para las personas en situación de mayor vulneración de sus derechos, algunos parlamentarios llegaron a decir que esas familias “se gastaban el dinero en vino”. Fue una discusión de bajo nivel.
Sí, fue una discusión muy poco informada. Con mucha opinión. Si bien las opiniones de los ciudadanos pueden ser todas legítimas, uno espera de los representantes públicos otro tipo de formación y de información, porque son quienes dirigen el país, quienes hacen las leyes. Como ciudadana, esperaría que, a la hora de tomar decisiones, esas decisiones estén basadas en evidencia, en investigaciones, en estudios, en evaluaciones. Y nuestro país tiene una tradición muy rica en eso, porque tenemos una academia, una Universidad de la República muy solvente y también otras universidades privadas. O sea, no es falta de capacidades en el país.
También está creciendo en el mundo el discurso aporofóbico y una mirada cada vez más estigmatizante, conservadora.
Y sí, estamos en un contexto de mucha grieta global, de mucho individualismo, en un mundo en guerra, deshumanizado…
Pero hacemos de cuenta que seguimos de largo porque denunciamos un genocidio, pero, paralelamente, asistimos a un Mundial de fútbol.
Sí, es un espanto. En un contexto regional complicado también con países divididos absolutamente en dos mitades, como el caso de Colombia o de Chile. En octubre va a haber elecciones en Brasil y, en las encuestas, también aparecen dos grandes bloques. En nuestro país, tras las últimas elecciones de algún modo también quedaron dos bloques. Sí, es un contexto complejo en relación con poder construir consensos y espacios de integración.
También hay mucho hartazgo, porque, en la medida en que hay problemas que son estructurales y no se resuelven, la política se va degradando como esfera esperanzadora para resolver los problemas comunes.
¿Crees que eso está pasando acá también?
De algún modo también pasa. Cuando ocurren situaciones, nos escandalizamos, como la situación lamentable de Facultad de Medicina, en la que un estudiante agredió a una compañera de clase con un cuchillo o cuando un padre mató a un adolescente. Hay una reacción que dura lo que duran las redes sociales y luego volvemos a "la calma".
En una entrevista en La Diaria Radio te preguntaban qué pasa el día después de una balacera en un barrio. Me interesaría que desarrollaras un poco ese tema, porque todos tenemos también una mirada episódica, cuando hay una balacera en una escuela nos impacta y después nos olvidamos. Pero queda una familia, queda un barrio, queda una escuela.
Los temas de violencia territorial están afectando a familias, niños, niñas y adolescentes. Los más débiles son los niños, niñas y adolescentes. Hay que encarar la problemática considerando el antes, el durante y el después, y de una manera contextual.
Hay un fenómeno, como comúnmente se dice, “del tero”, que pone sus huevos en un lado y grita en otro. Como sociedad estamos concentrados en la expresión más visible de la violencia, que es la que pasa en los barrios periféricos. Está bien, porque allí ocurren las muertes. Los muertos vienen de ahí. Los muertos los ponen determinados sectores sociales. No los ponen otros. Pero las dinámicas que producen y reproducen estos fenómenos no están en estos barrios, están en otros barrios y están, incluso, hasta en otros países, en otras esferas, porque se trata del mercado de drogas ilegalizadas y de las economías ilegales. Están sostenidas sobre un aparato de economía legal que hace que eso se mueva.
Entonces, en el antes, que tiene que ver con lo preventivo, hay que ponerse a mirar un conjunto de cosas más macro que no tienen que ver sólo con lo que pasa en los barrios donde están los episodios de las balaceras, sino que tienen que ver con la corrupción, el lavado de activos, la reglamentación de la tenencia de armas, la reglamentación de la circulación de las municiones, con fenómenos que no pasan en la periferia de las ciudades, sino que tienen que ver con otras cuestiones.
En el "durante", planteamos que es necesario generar protección específica para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas, que quedan en el medio de las balaceras; protección específica, que haya canales seguros para hacer las denuncias. Muchas veces nuestros equipos, las organizaciones que están en territorio, saben que van a pasar cosas y, de repente, saben que una familia está en riesgo, pero no tienen los elementos suficientes como para hacer una denuncia legal, formal, y esos niños quedan desprotegidos. En los allanamientos policiales también tiene que haber personal especializado para saber cómo llegar a una casa y quién saca de abajo de la cama a ese chiquito que está temblando de miedo. Y ese funcionario naturalmente no es el policía de calle, ni es el de la brigada especial que llegó encapuchado, sino que debe ser otro tipo de personal que se requiere y no lo tenemos. No lo tenemos presente hoy en los procedimientos. Tenemos que tener una mirada más integral en el "durante", que sea garantista, respetuosa de los derechos humanos de todos, humanizada y empática. Y en el después, nosotros decimos: “Después de una balacera, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Hubo muertes? ¿Heridos? ¿Hubo sobrevivientes?”. Entonces, tenemos que tener un tratamiento especial para esos sobrevivientes.
Tenemos sobrevivientes directos, que son los heridos, que no sabemos o sea, la política pública no tiene manera de saber si esas personas quedaron incapacitadas o no, como también la atención de la salud mental de esas personas directas. Pero también de la comunidad en su conjunto, el vecino de tres casas o de la manzana donde hubo la balacera, el vecino que escucha. Nosotros, por las redes, vemos que hay gente que sube videos. Los niños y adolescentes que duermen con el sonido de las balaceras, ¿qué pasa con esos niños? Ahí hay un trauma social y tiene que haber programas específicos, mecanismos para el día después de abordaje, de alivio, de transmisión de seguridad, porque esos niños, esos adolescentes, están creciendo en un contexto de guerra. Quizás, como país, no estábamos preparados para eso, para tener territorios que son así.
Sabemos que ahora hay una complejización, porque no está localizado solo territorialmente. Ahora, muchas veces, los territorios son los cuerpos de las propias personas, cuando vemos lo que pasó en el Parque Rodó, cuando mataron a un chiquito. Se va desplazando eso y se complejiza muchísimo.
Es importante decir que, fruto de que varias organizaciones, sobre todo desde Plataforma Infancias y Adolescencias, pero desde otras también, hemos tratado de poner este tema arriba de la mesa, tenemos una campaña: cada vez que hieren o matan a un niño, sacamos una placa, los vamos contando, y en lo que va del año ya son 18 niños y adolescentes asesinados y 31 heridos. De esos heridos no sabemos si hubo muertos o no, y sabemos que entre los heridos hay un subregistro.
Pero, fruto de esa sensibilización, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo llamó a un grupo de trabajo interinstitucional que nosotros conformamos, y está el Ministerio del Interior, el MIDES, ANEP, la Fiscalía, distintos actores, y se está trabajando sobre la violencia territorial. Ya estamos terminando, para elaborar recomendaciones para la política pública. Es un paso importante. La Institución no tiene un poder vinculante con los organismos, pero por lo menos son recomendaciones y ordenan los problemas que se ven desde los distintos lugares, las carencias que hay, que se ordenan, y ojalá lleguen a buen puerto.
En Argentina se bajó la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y uno empieza a leer en las redes sociales la narrativa de volver a cargar fuerte contra los adolescentes en nuestro país como los peligrosos del sistema. ¿Qué riesgos implica que nuevamente emerjan esos discursos?
Lamentablemente, existen condiciones para que eso efectivamente se reinstale, en la medida en que desde el sistema político no están apareciendo otro tipo de respuestas que no sean las punitivas.
Los presos no paran de crecer. Son todos jóvenes, no son adolescentes, pero son todos jóvenes, y se estima que para el final de este período sean 20.000 las personas privadas de libertad.
Por otro lado, lo que vienen diciendo Gabriel Tenenbaum y su equipo de investigación, y lo vemos nosotros en los territorios, es que las y los adolescentes están solos, están sin opciones a nivel laboral, de vivienda, a nivel de cultura, de proyectos, de accesos. Entonces, encuentran en el mercado ilícito de drogas y encuentran en estas economías criminales o ilegales muchos satisfactores que las vías legales de la sociedad no se los dan, que las vías que hay para el trabajo y para el estudio en el Uruguay no se los ofrecen. Encuentran lo económico. Lo vemos en los barrios: chiquilines que manejan mucho dinero. Pero, además del dinero, lo que encuentran es protección, una protección que el Estado muchas veces no les puede dar. Encuentran ser alguien para alguien, ser alguien, valer para alguien, ser valioso en la sociedad, cumplir una función que, claro, ser valioso en la sociedad parece medio contradictorio. Entonces, hay un tema de identidad, de reconocimiento, y ahí nos tenemos que preguntar como sociedad: ¿cómo contrarrestamos eso? ¿Cuáles son las políticas de reconocimiento que nosotros tenemos para las adolescencias? ¿Cuáles son las vías de logro, de poder servir para algo?
Tenemos un conjunto de gurises que quedan a la vera del camino del sistema educativo, que no han podido y que se les ha remarcado: “Vos no sos para acá”, “sos para el programa especial”. Y algunos no son ni para el programa especial. Y esos mensajes se incorporan desde la más tierna infancia. Eso desafía a cómo pensamos las políticas públicas. Por eso insistimos en que tiene que haber políticas universales, que la manera de combatir todo esto también es con buenos servicios públicos universales, lugares que sean para todos, no lugares que sean para "los especiales", para los que no pueden "allá", entonces tienen que ir "acá". Porque eso no hay que ser muy inteligente para que uno lea el mensaje cuando se crean los programas especiales. Los chiquilines lo dicen: “A mí no me da el bocho para estar en el liceo, me voy al aula comunitaria”. Eso es así, lo entiende cualquiera.
A la hora de los diseños de los programas se genera cierta deshumanización, en el sentido que parece que fueran hechos para personas que son muy distintas a nosotros. Hay desigualdad, pero todos somos personas, iguales en tanto personas que aleatoriamente nacimos en lugares diferenciados. Por eso es importante, ese rediseño de las políticas que tienen que ser integrales, universales, territorializadas, interseccionales, que tiene que estar esa nueva forma de pensar las políticas.
Durante muchos años trabajaste con medios, periodistas y comunicadores, tratando de hacernos entender que había que cambiar la forma de referirnos a las víctimas y la terminología que utilizábamos. Hiciste un trabajo persistente y de pronto aparecieron las redes sociales y volvieron los linchamientos y la forma más cruda, bruta y primitiva de dirigirnos hacia los demás, particularmente hacia las infancias, los jóvenes y adolescentes. ¿Cómo observás esa situación?
Creo que en algunos casos se avanzó. En los medios de comunicación más tradicionales se avanzó en algunos temas. Después, sucede que el público se renueva, las generaciones de periodistas se renuevan, los estudiantes de comunicación se renuevan y hay que seguir insistiendo. Vuelvo a insistir con el sistema político. No necesariamente acá, en Uruguay, pero mirás un poco para la región y tenés grandes líderes políticos de países grandes que los escuchás hablar y te da vergüenza, como el caso de Javier Milei o Donald Trump, que tienen un discurso cargado de odio y en muchos casos de ignorancia.
Y la comunicación que hay en las redes, donde también los formatos se prestan, no son los mejores: el anonimato, la inmediatez, la irreflexividad. Eso es algo a seguir. En algunos casos se avanzó y en otros se retrocedió. En los medios tradicionales reaparecieron términos como “los menores”, que era algo que creíamos superado. Reaparecieron “los menores”, algo que observé desde el período pasado. Volvieron algunas menciones lindando con aquello de los "crímenes pasionales" cuando en realidad debemos hablar de femicidios.
Algo que nos preocupa son los episodios de adolescentes con salidas no autorizadas de los centros de INAU. Apareció nuevamente en medios la expresión que "salen y ejercen la prostitución" en lugar de hablar de explotación sexual, aparecieron algunos titulares de prensa donde no queda muy claro quién es la víctima y quién es el victimario. Son temas sobre los cuales la reflexión tiene que ser permanente y tiene que estar incorporada en los centros de formación, y tiene que haber política pública que estimule, también hacia los medios de comunicación.
Teníamos una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ejemplar desde el punto de vista de los estándares de derechos, ejemplar para todos los organismos internacionales, y en la Legislatura pasada se eliminó. Esa ley planteaba políticas públicas tales como que la comunicación es un derecho. Ahora tenemos otra complejidad y se está discutiendo la regulación de los entornos digitales, de la inteligencia artificial. Tenemos nuevos desafíos y acabamos de hacer una consulta a adolescentes sobre entornos digitales, y fue un deleite escuchar adolescentes de todo el país, la claridad en relación con la necesidad de educación de los adultos, la demanda de que los adultos acompañen más, se formen y se informen para poder acompañar a las adolescencias, la necesidad de regular las plataformas en su dimensión de empresas. Fue como una cátedra.
En ese sentido, la Cámara de Representantes junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y otras entidades están llevando adelante una consulta pública.
Aparecen nuevos desafíos en la comunicación, pero la perspectiva de derechos tiene que funcionar online y offline, porque hay veces que aparece el fetichismo de que esto es un tema tecnológico, y no. No es un tema tecnológico, es un tema político, y la perspectiva de derechos tiene que poder integrarse también a cualquier ámbito, a la vida física y a la vida virtual.
¿Tenemos que acostumbrarnos como sociedad a seguir leyendo noticias de explotación sexual y abuso sexual de niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Estado, en el INAU?
Ahí hay muchos problemas y son enormes. Uno es cómo funciona el sistema de protección especial del INAU, que no está pudiendo garantizar la protección integral de las y los adolescentes. Y hay temas que exceden al INAU y que tienen que ver con la cultura patriarcal, con la cultura de violencia. Entonces, ahí tienen que haber otros organismos llamados a trabajar sobre otras pautas de convivencia basadas en el respeto, en la igualdad.
Hay un modelo de protección. El INAU está en un proceso de reconversión de sus hogares para poder garantizar de otra manera la protección, pero falta presupuesto para las políticas de género, para servicios de atención, para las políticas de estímulo, de promoción. Falta institucionalidad, falta jerarquización política también de esta temática.
¿Cómo viene la preparación de la Semana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes?
La Semana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en noviembre, celebrando el Día Nacional de los Derechos de las Infancias el 20 de noviembre, este año tiene como lema: “Infancias y Adolescencias, Patrimonio Nacional”. Queremos posicionar el tema de que las infancias son un patrimonio y que, como tal, como sociedad, tenemos que cuidarlas.
Estamos trabajando de manera articulada con todo el Estado, que se unió a esta invitación que hicimos desde la Plataforma Infancias y Adolescencias, y vamos a colocar una carpa, la “Carpa de los Derechos”, en la Plaza Independencia, los días 18, 19 y 20 de noviembre. El día 18 habrá también una actividad en el Parlamento nacional. La idea es celebrar a las infancias y a las adolescencias.
