Cada uno de los traslados que “disponía y efectivizaba” el capitán de la Guardia Republicana, costaban al Estado 94 mil pesos, ya que por el peligro de fuga del criminal, era necesario disponer de una camioneta blindada Tiger y del auxilio de entre ocho y doce funcionarios “armados a guerra”.
Además de los traslados, se comprobó que el capitán adquirió un teléfono satelital con acceso a internet, con el que González Valencia se comunicó en varias oportunidades con miembros de su organización criminal en México.
El ahora imputado justificaba que los traslados tenían la finalidad de que González Valencia recibiera visitas conyugales. Sin embargo, desde Fiscalía aseguraron que los lugares donde el mexicano estuvo alojado, contaban con las condiciones para albergar ese tipo de visitas.
El fiscal Ricardo Lackner pidió la prisión preventiva para el policía, solicitud que fue rechazada por la jueza del caso, que dispuso en cambio la prisión domiciliaria total por 90 días, con la instalación de tobillera electrónica y con la prohibición de comunicarse con sus compañeros en la fuerza policial.
Esto responde a que Lackner probó que el capitán estableció contactos con otros funcionarios policiales, para conocer detalles de la investigación que lo involucra.