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Para numerosas familias de las 4.500 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Complejo Carcelario (ComCar) en Santiago Vázquez, o mas conocido como ComPen (Complejo Penitenciario), la existencia del supermercado interno era una solución.
Para muchas familias que vienen del interior del país, solucionaba el tener que cargar con los bultos de alimentos y el sistema de socios del supermercado, resolvía el tema de la financiación para adquirir los productos, sin depender de tarjetas de crédito o asistir al Supermercado con dinero en efectivo.
La idea de un aserradero y minimercado nació en la administración Bonomi allá por el año 2016 dentro de la propuesta de rehabilitación del Polo Industrial.
Primero estuvo pensando para abastecer a dos de los módulos con los PPL de mejor conducta, pero el éxito fue tan grande que la experiencia se debió ampliar a toda la población del Centro de Reclusión.
En promedio el supermercado tiene 500 pedidos diarios y unas 18 mil ventas por mes y el canon establecido permite financiar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la DiNALI (Dirección Nacional del Liberado).
Pensando en políticas de rehabilitación entre el supermercado y el aserradero trabajan unos 24 PPL que obtienen por ingresos económicos el laudo salarial de cada rubro.
Pablo González empresario inversor que viene trabajando desde el período Bonomi, cuando el cambio de autoridades volvió a cerrar un contrato de trabajo tanto del aserradero como del supermercado que tenia vigencia hasta el año 2030.
Sin embargo, la administración de Luis Mendoza, Director del INR llevó adelante una auditoría que constató algunas irregularidades, como por ejemplo la falta de habilitación de Bomberos, y en el rubro venta de Carnes, la habilitación del INAC.
Otras irregularidades señaladas en la auditoria fueron respondidas por los abogados de González pero según sus palabras, nunca fueron contestadas desde el INR y en diciembre del año pasado le notificaron de una resolución por la cuál cierran ambos emprendimientos el 16 de febrero de este año, llamándose es una posible licitación.
González también dijo a Caras y Caretas que no ha recibido respuesta a sus objeciones y el 16 de Febrero le han advertido que seguramente le prohibirán el ingreso y luego le darán una fecha para retirar maquinarias y pertenencias.
Pero en el medio queda pendiente un posible juicio al INR por no cumplimiento de los plazos del contrato, el tema de hacerse cargo del pago de los despidos y si los 24 PPL que cumplen esas funciones serán asignados a nuevas tareas.