Según detalló, la denuncia fue presentada el pasado 29 de mayo por el PIT-CNT junto a Fucvam, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la FEUU, Serpaj, BDS Uruguay, la Coordinación por Palestina, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino Uruguay, Cotidiano Mujer y otras organizaciones sociales. Detalló que la acción fue promovida por Aguirre, la exfiscal Mirtha Guianze y Silvia Martínez del Río, con el patrocinio legal del abogado Pablo Chargoñia.
¿Qué reprocha la denuncia?
Las organizaciones solicitan que la Fiscalía investigue la eventual responsabilidad penal de Kaplan por los delitos denunciados y, en caso de reunir elementos suficientes, avance hacia la formalización de una investigación judicial.
También piden que sean indagadas otras personas vinculadas al Estado de Israel que se encuentren en territorio uruguayo y que pudieran estar relacionadas con los mismos hechos.
Uno de los puntos centrales del planteo refiere a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra Netanyahu y Galant. En ese sentido, las organizaciones reclamaron que, si alguno de ellos ingresa o transita por Uruguay, se disponga “la inmediata orden de arresto con miras a la entrega a la Corte Penal Internacional”.
A juicio de los denunciantes, el Estado uruguayo tiene la obligación jurídica de actuar debido a los compromisos asumidos mediante la ratificación del Estatuto de Roma y otras convenciones internacionales incorporadas al derecho interno.
El rol de Roni Kaplan
El documento sostiene que Kaplan, nacido en Uruguay y actual portavoz en español del Ejército israelí, desempeña un rol relevante en la difusión de la narrativa oficial sobre la ofensiva militar en Gaza.
Las organizaciones argumentan que la responsabilidad por crímenes internacionales no se limita a quienes ejecutan materialmente los hechos, sino que también puede alcanzar a quienes colaboran, facilitan o contribuyen a su encubrimiento.
En ese marco, el texto afirma que “Roni Kaplan se destacó por su rol de propaganda” desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza y sostiene que esa actividad tendría como finalidad “disfrazar, disimular, distorsionar y encubrir los graves crímenes denunciados”.
Asimismo, señala que el militar uruguayo-israelí es “el portavoz del plan genocida, como vocero del ejército israelí para el mundo de habla hispana”, por lo que considera que debe ser investigado por la Justicia uruguaya.
Antecedentes internacionales
Durante la lectura del comunicado, Aguirre repasó una serie de resoluciones y actuaciones de organismos internacionales que las organizaciones consideran antecedentes relevantes para la denuncia.
Entre ellas mencionó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024, cuando ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir posibles actos de genocidio en Gaza, en el marco de la demanda presentada por Sudáfrica.
También recordó las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Galant en noviembre de 2024, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados al conflicto en Gaza.
Las organizaciones sostienen que la magnitud de la destrucción y de las víctimas civiles registradas desde octubre de 2023 ha sido documentada por distintos organismos de Naciones Unidas y por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Al finalizar la lectura, Aguirre encuadró la presentación judicial en una perspectiva vinculada a la memoria y la lucha contra la impunidad. “Esperamos que la Fiscalía proceda al trámite con la mayor diligencia a la denuncia presentada por la sociedad civil uruguaya”.
Un caso sin antecedentes en Uruguay
El abogado Pablo Chargoñia, patrocinante de la denuncia, señaló que la presentación "no tiene antecedentes en la Fiscalía General de la Nación", aunque recordó que existen acciones similares impulsadas en otros países bajo el principio de jurisdicción universal.
Según explicó, ese principio habilita e incluso obliga a los Estados a investigar determinados delitos internacionales independientemente del lugar donde hayan sido cometidos. "Ciertos crímenes de especial gravedad obligan a los Estados a juzgarlos en sus territorios nacionales", sostuvo.
En ese sentido, afirmó que tanto el Estatuto de Roma como la Ley 18.026 establecen obligaciones concretas para Uruguay en materia de persecución de crímenes internacionales. "Uruguay tiene un deber que es el deber de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, sin tener en consideración el territorio donde hubiera ocurrido", indicó.
Chargoñia explicó además que la denuncia ingresó el viernes pasado a la Fiscalía General de la Nación y que actualmente se encuentra en la etapa de análisis previo para definir qué fiscal asumirá el caso.
El abogado repasó que la presentación contiene dos dimensiones diferenciadas. Por un lado, la pretensión de que Kaplan y otros integrantes de las Fuerzas Armadas israelíes sean investigados por la Justicia uruguaya. Por otro, una solicitud vinculada a la cooperación judicial internacional prevista en el Estatuto de Roma.
Sobre este último aspecto, recordó que los Estados parte de la Corte Penal Internacional tienen la obligación de colaborar con sus decisiones. "Todos los Estados parte del Estatuto de Roma tienen que cooperar con la Corte Penal Internacional", afirmó.
Por esa razón, sostuvo que si Netanyahu o Galant ingresaran al territorio uruguayo, las autoridades nacionales deberían actuar en consonancia con las órdenes de captura emitidas por la CPI. "Uruguay tiene un deber de cooperar con la Corte Penal Internacional que consistiría en ponerlos a disposición de la Corte Penal Internacional", señaló.
