Recordó que el agua potable es definida por decreto como "el agua apta para consumo humano que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo por parte del mismo" y, además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina el agua "segura" en tanto no cause riesgos de salud "a corto ni largo plazo".
Por su parte, la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian,Integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida fundada en 2002, recordó que el artículo 47 de la Constitución dispone que "el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales", algo para lo que, según la ingeniera, fue clave su exigencia tanto de mantener estos recursos en manos públicas como de que "sean gestionados en forma participativa".
Sin embargo, puntualizó, que esto "se ha ido violando una y otra vez a través de distintas medidas" como la ley de riego de 2017, que "facilita la privatización", y recién un episodio de 2013 en que "salió agua con mal gusto y mal olor" motivó que sesionaran comisiones de cuencas que integran investigadores.
Particularmente en la del río Santa Lucía, que abastece a la capital y, por ende, al 60 % de la población, el planteo de los expertos "desde hace 10 años" ha sido que "las fuentes de agua están en peligro" por vertidos industriales y agrotóxicos no controlados.
Aharonian enfatizó que las medidas aprobadas allí, aunque insuficientes, "no se cumplieron" y, ante la crisis hídrica declarada el pasado 19 de junio, aprecia que al menos la población empezó a abrir los ojos ante un problema "de larga data".
