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Impulsarán nuevo juicio para anular el Proyecto Neptuno, anunció Ceretta

El abogado Juan Ceretta adelantó que el nuevo juicio contra el Proyecto Neptuno sostendrá que el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el consorcio es nulo, ya que vulnera la Constitución.

El abogado Juan Ceretta, fundador de la clínica Litigio Estratégico, anunció durante una entrevista en el programa "Pasaron Cosas" de Caras y Caretas que su equipo, junto a otras organizaciones como la Red de Amigos de la Tierra, están preparando un nuevo juicio para anular el Proyecto Neptuno.

“Volvimos a trabajar con las organizaciones, con los científicos, y en este momento preparando los últimos detalles para presentar un nuevo juicio”, afirmó Ceretta. Según el abogado, la acción judicial sostendrá que el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el consorcio es nulo, ya que vulnera la Constitución.

Uno de los puntos principales del planteo es que el contrato transgrede los artículos 47 y 188 de la Constitución. Ceretta enfatizó la importancia de estos textos, ya que no fueron producto del sistema político tradicional, sino que surgieron de una reforma constitucional por iniciativa popular. “Es la última vez que el pueblo ha redactado un texto para poner en la Constitución, y como toda reforma constitucional, fue ratificada por un plebiscito, que además logró el mayor apoyo popular en la historia del país”, explicó.

¿Por qué los artículos 47 y 188 violan la Constitución?

El artículo 47, según detalló el abogado, protege el medioambiente y establece el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Además, define que “el abastecimiento de agua potable para consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Ceretta recordó que la redacción de este artículo fue asesorada por el profesor Casinelli Muñoz, quien propuso incluir la expresión “directamente” para evitar la participación de privados en el proceso de abastecimiento.

Respecto al artículo 188, Ceretta indicó que regula la participación público-privada y que la reforma de 2004 incluyó un inciso que excluye explícitamente el agua potable y el saneamiento de este tipo de acuerdos. “La ciudadanía estableció que esto no es para negocios de privados, ni siquiera en participación con el Estado”, sostuvo.

Para esquivar estas restricciones, según el abogado, el Proyecto Neptuno fue presentado bajo el amparo de la Ley 17.555 del año 2002, aprobada durante la crisis económica, cuando el Estado carecía de recursos para financiar obras públicas y se permitió la presentación de proyectos por parte de privados. “Esa ley no tiene ningún sentido en 2024 ni en 2025, porque no estamos en la situación del 2002”, afirmó Ceretta, y agregó que se mantiene vigente debido a que no estableció un período de aplicación.

El abogado también cuestionó el contrato firmado con el consorcio privado, citando su artículo 4, que detalla las obligaciones del contratista. “El documento establece que serán por cuenta del contratista la gestión de la toma de captación de agua bruta, la operación del bombeo y el mantenimiento de toda la infraestructura del proyecto”, explicó. Para él, este punto demuestra que el contrato vulnera la Constitución, pues transfiere a un privado funciones que deberían ser exclusivas del Estado.

Finalmente, Ceretta señaló que el presidente de la República evitó mencionar la posible inconstitucionalidad del Proyecto Neptuno al anunciar revisiones sobre el mismo. “Me llamó la atención que en sus palabras se hablara de otras objeciones, como el uso del suelo y la contaminación, pero no se mencionara el tema constitucional”, concluyó.

Embed - Pasaron Cosas viernes 28 de mar 2025. Negociar Neptuno, o ningún Neptuno

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