La Fiscalía, que en su momento había solicitado una pena de 18 años de cárcel para Martínez aunque finalmente la Justicia impuso 12, decidió apelar la decisión del arresto domiciliario. Los fiscales sostienen que existen dos riesgos procesales que justifican mantenerlo detenido: por un lado, un posible riesgo de fuga, y por el otro, la posibilidad de que el hombre entorpezca el avance de la investigación. Además, remarcaron que, si bien la condena de 12 años aún no está firme (porque puede ser apelada ante instancias superiores), ya existe una sentencia en su contra, lo cual refuerza la necesidad de cautela.
El apoyo de la gente
El caso de Moisés Martínez tiene una fuerte carga emotiva. Según se desprende de la investigación, el hombre mató a su padre después de enterarse de que este había cometido abusos sexuales reiterados contra su hermana y también contra su madre. El trasfondo de violencia intrafamiliar previa ha generado un intenso debate público sobre los límites de la legítima defensa, las atenuantes emocionales y la respuesta del sistema judicial ante víctimas de abuso que terminan tomando justicia por mano propia.
Hasta el momento, el arresto domiciliario está vigente, pero la apelación presentada por la Fiscalía deberá ser resuelta por un tribunal superior, que definirá si Martínez regresa a prisión o si permanece bajo esta medida en casa de su madre.
