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Sociedad | tabaco

Justicia resuelve el miércoles sobre flexibilización en el empaquetado de tabaco

En la audiencia de este viernes representantes del Poder Ejecutivo y los denunciantes presentaron sus alegatos y declararon tres testigos por parte de la SUT.
15 de octubre de 2022 - 05:51

La jueza de Familia de 27° turno, María Elena Emmenengger, definirá el miércoles si accede al pedido de revocación que realizó la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) contra el decreto que flexibilizó las normas para el empaquetado de tabaco, dispuestas para desestimar el consumo.

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En la audiencia de este viernes los representantes del Poder Ejecutivo y los denunciantes presentaron sus alegatos y declararon tres testigos por parte de la SUT, dos médicos y un sociólogo especializados en la temática. Presidencia no presentó testigos.

Para los demandantes, el decreto contraviene la normativa vigente contra el tabaquismo y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, dispuestos en el literal E del artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que el Estado tiene la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes, específicamente del “estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas”. Además, sostienen que va en contra del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. En Uruguay mueren 6.500 personas por año como consecuencia de enfermedades vinculadas al consumo de tabaco.

El Decreto 282/22 aprobado por el presidente Luis Lacalle Pou vuelve a permitir el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permite a las empresas incluir colores, logos o inscripciones bajo las marcas.

El decreto, además de modificar el Decreto 120/19, reglamentario de la Ley 19.723, contraviene lo establecido en el artículo 1 de la ley, que dispone que el “empaquetado, etiquetado y diseño neutro o genérico de todos los productos de tabaco y la uniformidad de los envases de cada tipo de producto, con el objetivo de reducir el atractivo del producto para el consumidor”.

Además de la acción de amparo ante la Justicia, la SUT presentó un recurso administrativo para revocar el decreto, que está siendo analizado en el Ejecutivo.

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