Un punto crucial de su exposición fue la reciente solicitud de las tres grandes empresas de TV cable de Montevideo para conformar un consorcio, propuesta que, a su entender, es violatoria de la normativa vigente, es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios. Al mismo tiempo, el artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y la diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control. Del mismo modo, el artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante, por lo que el Estado está impedido de autorizar este consorcio”.
Siris también mencionó la situación económica de las empresas de televisión para abonados y su impacto en el mercado, asegurando que "desde el año 2018 hasta la fecha, las empresas de televisión para abonado han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca del 32 %". Sin embargo, destacó que estas empresas siguen recaudando significativas sumas de dinero, lo que cuestiona la justificación de la necesidad de formar un consorcio. “De aprobarse este consorcio, estas empresas pasan a formar un monopolio de la televisión cable en Montevideo, captarán entre el 50 y el 60 % de toda la televisión para abonados, a través de sus distintas modalidades, y consolidarán una posición de dominio en el mercado, no sólo en el departamento de Montevideo, sino también a nivel nacional. Es insoslayable que estas empresas son las que, además, venden los paquetes de señales que tienen las empresas del Interior del país, brindan los servicios de Instalación del cable coaxial, etcétera”.
El experto aseguró que “sobran los ejemplos” que demuestran que la política que el Poder Ejecutivo implementó en Antel tuvo como consecuencia “debilitar su posición en el mercado de las telecomunicaciones desde el principio de esta gestión”. Para argumentar esta idea, mencionó la reducción de las tarifas de terminación de llamadas en la red de telefonía fija por debajo de los costos mínimos requeridos para desarrollar la fibra. “El argumento siempre fue que la competencia iba a beneficiar a los usuarios a través de la disminución de la tarifa. Sin embargo, no se aclara cómo permitir que los competidores se consorcien entre sí podría estimular la competencia”, cuestionó.
Siris opinó que “no se trata solo de regular mercados”, sino que políticas como la extensión de la fibra óptica y las telecomunicaciones móviles, el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá, han demostrado que las telecomunicaciones son esenciales para ejercer otros derechos fundamentales. “La pandemia de covid-19 nos reveló las luces y sombras de este fenómeno. Nuestro país tuvo el ejemplo virtuoso de un poderoso impulso estatal a las telecomunicaciones, que permitió extender masivamente el acceso a internet, la digitalización del Gobierno, el crecimiento de las industrias culturales, la extensión territorial de servicios educativos y de salud, en definitiva, la inclusión de los no incluidos (…) la inversión pública que se realizó en la infraestructura que hoy se busca poner a disposición de los operadores privados, así como la posibilidad de llegar a los rincones más lejanos y las políticas de universalización del acceso, solamente son posibles en nuestro país con una empresa estatal cumpliendo esa función social”.
Por último, subrayó la importancia de una inversión estatal en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la adopción de nuevas tecnologías: "Estamos ante un cambio de época que, en un pequeño país como el nuestro, solo se puede afrontar exitosamente con una poderosa inversión estatal en investigación y desarrollo, fomentando la innovación y la adopción de nuevas tecnologías". Y añadió: “La legislación debería contemplar esas necesidades y no hipotecar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, reconocido en el mundo entero, para favorecer el interés de algunas empresas. No se puede confundir el interés de las empresas con el interés general”.
Defender la función social de Antel
A su turno, Florencia Leymonié expuso una visión desde la perspectiva de la clase trabajadora, remarcando la importancia de evaluar el proyecto de ley en un contexto más amplio, que incluya otras decisiones en materia de telecomunicaciones. Según su análisis, “las decisiones políticas y las políticas públicas deben considerarse como parte de un gran rompecabezas, en el que todas las piezas se conjugan en un diseño que puede ser riesgoso y complejo para el país, en lo que tiene que ver la consagración de las libertades, el acceso a derechos garantizados, y también con la estructura económica”.
La dirigente sindical cuestionó el proceso de elaboración del proyecto y remarcó la importancia de la legitimidad y el proceso participativo que deben tener las leyes. "Sustituir eso por algo con mayorías circunstanciales hace al prestigio del proyecto", afirmó valorando que la actual ley vigente, aunque imperfecta, fue resultado de un proceso participativo de la sociedad civil organizada.
En cuanto al contenido del proyecto de ley, mencionó dos dimensiones principales: la política de derechos y la estructura económica de los medios. Respecto a la primera, criticó especialmente el artículo 72 del proyecto que exige emitir información “imparcial”, describiéndolo como "lo más escandaloso" y señalando que "configura otro conjunto de artículos que hablan de la participación, de la libertad y del manejo de los medios".
Sobre la estructura económica, destacó el peligro de la concentración de medios. "Cuando se concentran los medios lo que se está dejando de lado es justamente la pluralidad", expresó. Esto, según la entendida, es profundamente negativo porque elimina la diversidad de opiniones y la capacidad de acceso a la información.
Leymonié contó que muchas personas les preguntan qué tiene que ver Antel en esta discusión, a lo que respondió que la empresa estatal es crucial para garantizar el acceso a Internet, destacando que no solo conecta a los hogares con infraestructura homogénea a nivel nacional, sino que también garantiza un servicio igualitario sin importar la ubicación. "El mundo de hoy y el mundo de mañana están determinados por internet y ese 1.200.000 hogares que están conectados, es porque existe Antel (…) eso también está en discusión: el cimiento de la sociedad, el funcionamiento económico, el desarrollo de la matriz productiva de un país”.
Acentuó la importancia de mantener a Antel como una empresa pública rentable, pero no desde una perspectiva mercantil, sino social: "Antel necesita ser rentable porque tiene que retribuir a rentas generales, pero además tiene que reinventarse, invertir, desarrollarse en materia de telecomunicaciones. Y ahí es donde entra en juego la habilitación de derechos en función de cuántos hogares conectados tenemos en el futuro, cuántas personas van a poder teletrabajar, estudiar, atenderse por la telemedicina, o qué territorios van a tener acceso a la seguridad a través de una alarma en un hogar o a través de las cámaras de videovigilancia en las calles. Todo eso también está determinado por el acceso a Internet. No conocemos, hasta ahora, un escenario donde los privados no hayan buscado únicamente la rentabilidad. Nadie pone un kiosco al lado de una escuela para regalarle los chicles a los gurises”.
Leymonié concluyó destacando que el proyecto de ley de medios es solo una pieza en un rompecabezas que busca favorecer los intereses privados en detrimento de las condiciones de vida de la sociedad y la democracia del país. "No queremos regalar a los privados todo el trabajo y la inversión que hemos desarrollado los uruguayos y las uruguayas, para que mañana la especulación del mercado determine el acceso democrático de las telecomunicaciones".
Una ley que “va por todos”
En tanto, Álvaro Pan se refirió a los cambios sociales y tecnológicos que ha presenciado a lo largo de su vida, destacando cómo su generación valora los avances logrados y sufre con la pérdida de estos: "Yo vengo de otra época: televisión blanco y negro, no teníamos teléfono y el agua no parecía ser un problema".
Recordó que el Consejo Directivo Central de la APU expresó su rechazo total a la decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de esta ley “que va por todos, no solo por los medios, viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa consagrados por la Constitución de la República y por convenios internacionales que han sido ratificados por nuestro país”. Y añadió: “No se han respetado los tiempos políticos ni de coordinación mínima entre los partidos, lo que agrega otros componentes relativos a la convivencia democrática también muy preocupantes. Fue aprobada como grave y urgente, sin discusión en la Comisión de Industria, sin la correspondiente y habitual coordinación de las bancadas y sin escuchar a ninguna representación de la sociedad civil sobre su contenido”.
Pan alertó que el proyecto de ley en discusión “obliga a los medios a brindar opiniones y comentarios de manera seria, completa e imparcial, bajo pena de sanciones estatales”, lo que a su entender constituye “un extremo de suma gravedad para los estándares de libertad de expresión y de prensa, pero además condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos políticos y gobernantes".
Por otro lado, recordó que la APU advirtió que esta legislación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y contraviene los estándares interamericanos de libertad de expresión, compromisos que el Estado uruguayo ha asumido. Además, y en coincidencia con el resto de los y las expositoras destacó que la ley es parte de una tendencia hacia la concentración y extranjerización de los medios de comunicación, eliminando la participación pública y el control ciudadano en esta materia.
Asimismo, criticó la eliminación de mecanismos de control social, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), y el desfinanciamiento del Fondo de Fomento de la Industria Audiovisual Uruguaya. Estas medidas, según él, concentran el poder en el Poder Ejecutivo y benefician a intereses privados de grandes corporaciones de medios de comunicación.
El dirigente informó que la APU, junto a otras organizaciones sociales, se mantendrá “en alerta”, “en defensa de la libertad de expresión, los puestos de trabajo y de los más caros principios de la democracia”.
Aclaró que “no estamos cacareando, como afirmó un dirigente político”, e hizo un llamado a la sociedad para actuar en defensa de los intereses colectivos, advirtiendo sobre los riesgos y las consecuencias que la aprobación de esta ley podría tener para la democracia uruguaya. "Si con acciones como esta [por la mesa de diálogo] logramos despertarnos para actuar en función de los intereses de la sociedad toda, y no de unos poquitos, entonces sí, tal vez podremos decir que otro gallo cantará".
Concentración, extranjerización y control estatal de contenidos
Pilar Teijeiro se enfocó en la importancia de la participación de la sociedad civil en la regulación de los medios de comunicación y, como integrante de la CHASCA, advirtió que la eliminación de esta comisión en el nuevo proyecto de ley representaría una pérdida significativa. En tal sentido, compartió su experiencia en la CHASCA, donde se llevaban a cabo procesos de análisis y audiencias públicas que permitían a la ciudadanía y empresarios opinar sobre la adjudicación de frecuencias. "Realmente es una pérdida enorme si se quita la participación de la sociedad civil en estos temas de adjudicación de frecuencias", insistió.
En la misma línea que el resto del panel, expresó su preocupación por el riesgo de concentración de medios que permitiría la nueva ley, lo cual iría en contra de la diversidad y pluralidad informativa. Señaló que la concentración de medios limitaría la circulación de información y empobrecería el debate público, ya que grandes consorcios podrían ponerse de acuerdo y suprimir información relevante. Además, advirtió sobre la posibilidad de extranjerización de los medios de comunicación, lo que incrementaría la dependencia de intereses foráneos.
Teijeiro también se refirió al artículo 72 del proyecto de ley, propuesto por Cabildo Abierto, como un punto particularmente problemático. Este artículo, opinó, plantea serias dudas sobre la objetividad periodística y el control estatal de los contenidos. Aunque reconoció que este artículo es grave, enfatizó que hay otros aspectos del proyecto de ley igualmente preocupantes que podrían tener repercusiones a largo plazo. “¿Quién dice que yo soy una periodista objetiva y que Florencia no?, ¿cuál es el parámetro?”, cuestionó.
La periodista recordó que la ley vigente fue ampliamente discutida y contó con la participación de empresarios, trabajadores y la sociedad civil, lo que resultó en una normativa reconocida internacionalmente por su avance en materia de comunicación. En contraste, criticó la falta de debate y participación en la elaboración del nuevo proyecto de ley, lo que considera un retroceso significativo.
Al finalizar su participación, alertó sobre el peligro de que Uruguay pase de ser un "faro" en materia de comunicación a convertirse en un "semáforo rojo" si se aprueba la nueva ley. Hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para prevenir este retroceso y mantener un sistema democrático fuerte y plural: "Tenemos que buscar las alianzas que podamos como universidad, como sociedad civil, como trabajadores organizados".
El retroceso más temido
Gabriel Kaplún inició su exposición destacando el trabajo realizado por el grupo multidisciplinario y la Udelar desde que se presentó el proyecto de ley a comienzos de 2020. Mencionó que se han organizado diversos espacios de discusión para escuchar todas las voces, incluyendo la del Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, aunque lamentó que estos no asistieron a la mesa de diálogo a pesar de ser convocados.
A continuación, resaltó la importancia de considerar los estándares internacionales en la discusión de la ley. Recordó la Declaración Conjunta del Representante Regional de la UNESCO y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresaron preocupaciones similares respecto al proyecto de ley. También mencionó las tres declaraciones del Consejo Central de la Universidad sobre este tema, destacando el seguimiento pormenorizado que se ha realizado.
El docente identificó cuatro grandes aspectos preocupantes del proyecto de ley. En primer lugar, señaló que la infraestructura de telecomunicaciones del país, que ha sido clave para enfrentar la pandemia, está en riesgo debido a la posibilidad de que privados compitan con Antel utilizando su infraestructura. “He visitado otros países latinoamericanos, y muchos de ellos mencionan lo difícil que fue convivir con la pandemia en los primeros tiempos, donde en muchos casos directamente no hubo clases de ningún tipo en el sistema educativo, y lo distinto que fue esta realidad en nuestro país, en buena medida porque teníamos una infraestructura con esta potencia, como el Plan Ceibal”. Además, criticó que el proyecto de ley excluya aspectos relacionados con las nuevas realidades digitales y la regulación de plataformas de streaming. “Cuando vimos el proyecto, al principio nos llamó la atención que la exposición de motivos decía que la ley vigente está atrasada porque no contempla las nuevas realidades digitales. Y cuando leíamos el conjunto del proyecto, el artículo uno dice que regula exclusivamente cuestiones que no tienen que ver con internet. ¿Dónde está, por ejemplo, ampliar a las plataformas de streaming, las cuotas de pantalla, que en otras partes del mundo ya se han regulado?”.
En segundo lugar, expresó su preocupación por el aumento de los límites de concentración de medios y la apertura a la extranjerización, lo que podría perjudicar la diversidad y pluralidad informativa. También criticó la desaparición del Fondo de Fomento de la Producción Nacional, que nunca llegó a aplicarse, lo que consideró que hubiera sido beneficioso para la producción audiovisual local, ya que “Uruguay gana premios la producción audiovisual en el exterior, pero lo podemos ver muy poco en nuestros medios de comunicación”.
El tercer aspecto destacado por Kaplún fue la eliminación de mecanismos de transparencia y participación social en la regulación de los medios de comunicación. Mencionó que organismos como la CHASCA desaparecerían, permitiendo a los gobiernos tomar decisiones discrecionales sobre la adjudicación de frecuencias y licencias.
Como cuarto aspecto, se refirió al controvertido artículo 72 del proyecto de ley, que pone en riesgo la libertad de expresión. Destacó que este artículo apareció de manera abrupta durante el tratamiento parlamentario, generando preocupación entre los legisladores y organismos internacionales.
Para finalizar, manifestó su enorme preocupación por “el avance de un proyecto que nos va a hacer retrotraer a una etapa que no hubiéramos querido vivir nunca, que no contiene avances referidos a las nuevas realidades tecnológicas y que, en todo caso, el único que contiene, más que un avance parece un retroceso porque prácticamente implica regalar la infraestructura pública para el uso de privados”.
