El primer fin de semana de febrero, en el balneario Pinares de Punta del Este, los ahora condenados persiguieron a Juan Ignacio Romero, tras confundirlo con un ladrón. Sin ninguna prueba de que se trataba de la persona que había robado en la casa que alquilaban hacía unos días y basados en la vestimenta que el joven llevaba puesta, los hombres se creyeron habilitados a realizar un arresto ciudadano. En la persecución del supuesto delincuente, golpearon a éste, lo atropellaron con un cuatriciclo y lo amenazaron de muerte.
El hecho cobró notoriedad a partir de la denuncia realizada por el padre del agredido, quien en ese momento se desempeñaba como asesor de la Administración Nacional de Educación Púlblica (ANEP).