La actuación oportuna de los equipos del INAU permitió poner en conocimiento de la Fiscalía el caso, aunque no fue fácil detener a los adultos responsables, quienes intentaron huir en varias ocasiones. Finalmente, tanto la madre como el vecino de 75 años que la asistía fueron llevados ante la justicia.
La fiscal de Treinta y Tres de 2º turno, Ana Segovia, logró un acuerdo abreviado con la madre, quien reconoció su delito y recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión efectiva por contribución a la explotación sexual, con agravante por abuso de relaciones domésticas. El hombre de 75 años, aún bajo investigación, enfrenta prisión domiciliaria por 180 días.
El impacto emocional en las mellizas fue profundo, como lo evidenciaron los técnicos del INAU cuando las trasladaron al hogar femenino "La Cabaña", donde actualmente reciben tratamiento psicológico. Aunque preocupantemente habían normalizado la situación y no entendían por qué debían ser institucionalizadas, se les brinda apoyo y acompañamiento para su recuperación con la colaboración del equipo itinerante de la ONG Gurises Unidos.
Uruguay ha sido testigo de un aumento sostenido de casos de explotación sexual de niños y adolescentes desde 2007, alcanzando cifras alarmantes en los últimos años. En 2022, se atendieron 529 casos, más del doble que en 2015. Esto ha puesto en alerta tanto a asociaciones civiles como a las fiscalías especializadas en delitos sexuales, quienes se encuentran desbordadas por la cantidad de denuncias.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha tomado medidas en la Rendición de Cuentas destinando $29 millones para la creación de dos nuevas fiscalías especializadas en delitos de explotación sexual a partir de 2024. Sin embargo, este problema requiere una acción constante y conjunta de la sociedad para proteger a los menores y erradicar este flagelo.
El caso de estas jóvenes mellizas es un recordatorio doloroso de que la protección de los menores debe ser una prioridad en la agenda. Es urgente promover la conciencia y la denuncia ante cualquier indicio de explotación sexual infantil. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos garantizar un entorno seguro y protector para los más vulnerables de nuestra sociedad.
