Quien fuera calificado como “el mayor narcotraficante de Sudamérica” ha viajado por medio mundo con documentos falsos expedidos en Paraguay, Brasil y Bolivia, y con uno legítimo que le entregó Uruguay.
Lo peor es que, salvo el paraguayo, que lo adquirió de falsificadores, los otros los obtuvo en dependencias oficiales. Cuesta creer que nadie se percatara de quién era. Seguramente fue más fácil quedarse con un abultado sobre.
Hace casi dos años que lo buscaba la DEA, año y medio que lo hacía Interpol. Las autoridades uruguayas estaban advertidas en noviembre del 2021 acerca de que “era un narco peligroso”, según le dijo el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, a la entonces subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache.
Sin embargo, no temió tener actividad pública como futbolista.
Con la notificación roja emitida por Interpol Paraguay, ingresó a Bolivia con documentos falsos emitidos en Brasil. Y allí obtuvo nuevos documentos con otra identidad.
Hay que conocer mucho, y tener mucho dinero, para lograr eso.
Esta secuencia revela una vez más que “la guerra contra el narcotráfico” está perdida, a veces antes de empezar.
Y está perdida no sólo por la desidia de las autoridades y por la presencia de funcionarios infieles, sino por la existencia de amplias zonas de corrupción en los Estados.
Como fue informado aquí mismo la semana pasada y confirmado luego por las autoridades, Marset no lidera ningún cártel, ni existe el Primer Cártel Uruguayo (PCU) . En realidad, estableció una nueva forma de negocio, gerenciando la infraestructura del tráfico de cocaína producida fundamentalmente en Bolivia y algo en Perú.
Droga que enviaba a Europa y Medio Oriente, usando la Hidrovía y el puerto de Montevideo, aunque tenía otras alternativas para ingresarla a nuestro país.
Es casi sorprendente que en unos cuatro años se incautaran en Hamburgo, Alemania, y aquí, casi 20.000 kilos de cocaína ingresada a Uruguay, no se sabe cómo ni por dónde. Más otros 10.000 kilos que pasaron frente a nuestras narices justo cuando Aduanas anunció que “estaba roto el scanner del puerto”.
Todas las estadísticas indican que se incauta, más o menos, la quinta parte de lo que se comercia. Es decir, que podrían haber pasado por Uruguay unos 150.000 kilos de la droga.
En Bolivia se compra a 3.000 dólares el kilo, en Europa se vende a 80.000 dólares al menudeo. Y en el Reino Unido a 95.000 dólares.
La ganancia es incalculable. Pero genera lo suficiente para comprar todo lo que esté en venta o se deje comprar. Sea un pequeño ejército privado, flotas de automóviles de alta gama, propiedades y negocios por doquier, y también muchas voluntades.
Corrupción en Paraguay
En Paraguay, que camina aceleradamente a convertirse en un narcoestado, Marset tenía muy buenos vínculos con Horacio Cartes, expresidente, millonario, contrabandista y uno de los hombres más poderosos de esa nación.
Vínculos que había tejido a partir de su relación con Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes, tío del entonces presidente y detenido en Uruguay en el año 2012, piloteando una avioneta con 400 kilos de marihuana para Marset.
Papacho era un hombre importante. Regenteaba una flotilla de unas 100 avionetas que trasladaban droga desde Bolivia y sacaba los cigarrillos de contrabando que aún produce Cartes.
Después de ser liberado en 2018, regresó a Paraguay y continuó con sus actividades sin ningún problema.
Un documento de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), al que accedió Caras y Caretas, cita una llamada recibida el 19 de setiembre del 2021 en el 0982 765937, utilizado por José Fernando Estigarribia -investigado como parte de la banda del narco uruguayo-, realizada desde la línea extranjera 58597 1459999, utilizada por Marset.
El uruguayo pregunta si “pudo solucionar algo” en relación al pasaporte falso. Pero como la respuesta fue negativa, Marset dice que es necesario “hablar con Marito (Abdo, actual presidente) o con Cartes, porque después sin problemas se va a poder pagar el favor”.
Marset necesitaba obtener un pasaporte legal antes del 10 de diciembre del 2021, porque de lo contrario Emiratos Árabes lo extraditaría a Paraguay. Pero allí no quería volver porque, a partir de una investigación iniciada por el fiscal Marcelo Pecci, luego asesinado en Colombia, el exministro del Interior Lorenzo Lezcano le había advertido que era buscado.
El pasado 16 de abril varios medios paraguayos y algunos uruguayos informaron que el senador colorado Derlis Osorio, reelecto en las elecciones que se realizaron el 30 de ese mes, fue convocado a declarar ante el fiscal Juan Manuel Ledesma, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, para ampliar la denuncia que presentó a principios del 2022 contra el diputado Erico Galeano, también colorado y cartista, por un pedido de 500.000 dólares para liberar al narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera.
Ocurrió que antes de que Osorio ratificara su denuncia, el fiscal Ledesma fue destituido de su cargo al frente de la Unidad Anticorrupción y Lavado de Dinero.
Fue trasladado a la ciudad de Alberdi, ubicada a 150 kilómetros de Asunción y que cuenta con 9.600 habitantes, para hacerse cargo de la fiscalía Comercial, Niñez y Adolescencia.
Había sido designado en Anticorrupción por la exfiscal general, Sandra Quiñónez (también destituida y acusada de corrupción), por recomendación de su hermano Domingo Quiñónez.
Ledesma tenía una larga lista de causas cajoneadas y blanqueadas. Entre ellas estaba la investigación al diputado Galeano.
¿Para quién eran los 500.000 dólares? Dos fuentes, que solicitaron no ser identificadas por su nombre pero no pusieron reparo a que se informara que uno es periodista y el otro oficial de la Secretaría Antidrogas, aceptaron hablar con Caras y Caretas y aportar parte de la información que habían obtenido sobre el caso Galeano.
El periodista afirmó que “tal vez desde la lejanía resulte muy difícil comprender el grado de corrupción y vinculación con el narcotráfico que tiene el sistema político y judicial en mi país”. “Acá todo está podrido”, enfatizó. “Es el trabajo que hicieron políticos vinculados al contrabando y ahora al narcotráfico”.
El colega dijo que “Galeano y Marset tenían vínculos muy estrechos con (Horacio) Cartes. Tanto, que el expresidente le dio 2.500.000 dólares para construir el estadio del Club Deportivo Capiatá con capacidad para 15.000 espectadores”.
Luego, dijo que “ese club, que recibió dinero de Marset, logró clasificar primero a la Copa Sudamericana y luego a la Libertadores. Pero todo con dinero del narcotráfico”.
Agregó que “Galeano es un operador muy importante de Cartes porque la ciudad de Capiatá es clave para las operaciones de contrabando y ahora para el tráfico de drogas. Y, además, ¿qué mejor que el fútbol para lavar dinero?”, preguntó el periodista.
Por su parte, el oficial investigador de la SENAD, dijo a Caras y Caretas: “Como usted ya sabrá, en mi país hay un altísimo índice de corrupción en el sistema judicial, lo que nos impide lograr condenas para grandes contrabandistas y narcotraficantes. Es más probable que uno de nosotros termine con un tiro antes que alguno de ellos preso”.
Agregó que “durante más o menos dos años, nosotros investigamos a Marset y todo su entorno. Esa operación se llamó ‘A Ultranza’, pero cuando lo íbamos a detener le filtraron la información desde fiscalía y logró huir. Él estaba asociado al Clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Ese grupo, estrechamente vinculado al mundo político paraguayo, había encontrado en Marset un contacto muy importante para sacar la droga de Paraguay y llevarla primero a África y luego a Europa, e incluso Oriente”.
Erico Galeano, diputado cartista y también presidente del Club Capiatá, estuvo en la mira de la SENAD durante mucho tiempo. “Nosotros entregamos a fiscalía muchas pruebas sobre sus actividades, que fueron cajoneadas”, dijo el oficial de policía.
“Entre esas pruebas hay muchísimas horas de escuchas telefónicas realizadas con orden judicial. Nosotros sabemos para qué, para quién y quiénes juntaron esos 500.000 dólares, que no fueron los únicos”.
“Aunque lo único que voy a decirle para su interés es que tenemos identificados a dos uruguayos como receptores de parte de ese dinero. No fueron los únicos. No puedo decirle más porque la investigación sigue en curso y porque además hemos tenido muy poca colaboración de las autoridades uruguayas”, concluyó el oficial antidrogas.
Poco después se supo que Galeano había lavado millones de dólares para Marset y por eso fue acusado ante la Cámara de Diputados, quien le quitó los fueros, pero en la misma semana en que fue elegido para el Senado. Recientemente la Cámara Alta también lo despojó de sus fueros pero, por una serie de chicanas judiciales que interpuso hasta ahora, no fue detenido, aunque es algo que podría ocurrir la semana próxima.
¿Corrupción en Uruguay?
La afirmación del oficial de la SENAD fue difundida por Caras y Caretas en su edición del pasado 28 de abril, pero hasta el momento hay silencio de “radio”.
¿Efectivamente dos uruguayos cobraron para ayudar a Marset a obtener su pasaporte legítimo mientras estaba preso en Dubái? La afirmación es muy grave.
El fiscal Alejandro Machado investiga el otorgamiento de ese documento y recientemente citó como imputados a los ministros Luis Alberto Heber (Interior), Francisco Bustillo (Canciller), al subsecretario Guillermo Maciel (Interior) y a la exsubsecretaria Carolina Ache (Cancillería), además de al abogado Alejandro Balbi y a otros ocho funcionarios, entre los que se encuentra por lo menos una cónsul.
Pero luego de una presentación del abogado defensor de Ache, Jorge Díaz, el fiscal resolvió posponer las citaciones y aún no se informó cuándo se realizarían las nuevas audiencias.
El otorgamiento del pasaporte a Marset fue objeto de una interpelación en el Senado a Heber y Bustillo. Luego se probó que Heber y Maciel mintieron y que Ache no dijo todo lo que sabía.
Todos dijeron que Marset era un futbolista.
Pero la senadora paraguaya Desirée Masi dijo a medios locales que “el Comando Tripartito de la Triple Frontera, la organización que nuclea a las fuerzas de seguridad y fronterizas de Argentina, Brasil y Paraguay desde 1996, informó en la cámara alta de su país que las autoridades de Uruguay advirtieron, en mayo de 2021, que el esquema de tráfico internacional investigado por el Operativo A Ultranza era encabezado por el uruguayo Sebastián Marset”.
Mayo del 2021, mucho antes de que Uruguay le otorgara el pasaporte legítimo.
Corrupción en Bolivia
Todo el operativo policial desarrollado el sábado 29 de julio a las 10:30 de la mañana, en un lujoso barrio de Santa Cruz de la Sierra, es digno de una película de Mr. Bean.
Tres policías -sí, tres- intentaron detener a Marset mientras caminaba cerca de su casa. Pero inmediatamente la custodia del narco golpeó y secuestró a los policías. Uno logró escapar enseguida y a los otros dos les perdonaron la vida y los liberaron lejos.
Marset y toda su familia lograron huir, mientras iban abandonando camionetas 4x4 de 100.000 dólares para cambiarlas por otras.
La policía boliviana desató un operativo que contó con 3.000 efectivos para buscarlo. Pero cada vez que llegaban a un lugar donde el narco había estado, éste ya se había ido.
Uno de esos días, Marset envió un video a una abogada local en el que decía: “Gracias a la ayuda del director de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Por eso cobró una platita”, señaló el fugado.
Desde el ministro del Interior hacia abajo, todas las jerarquías dieron su apoyo al comandante Ismael Villca, señalado como el informante.
Pero lo cierto es que dos semanas después, Sebastían Marset continúa prófugo y nadie sabe dónde está.
Esta semana fueron detenidos funcionarios de Migraciones acusados de corrupción. Pero eso no es nada en relación al ridículo de todas las fuerzas de seguridad bolivianas.
