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Una mujer, integrante del colectivo La Casa de Óscar, que aboga por la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura en Uruguay, denunció este miércoles que recibió por segunda vez en su casa una bolsa con restos óseos y dos cartas con mensajes amenazantes.
La denunciante, que prefirió no ser identificada, contó que las personas que viven en su casa salieron al patio y encontraron la bolsa negra que contenía los huesos. Una de las cartas, firmada por la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), un movimiento de estudiantes de extrema derecha de los años 70, decía: “Topolansky asesina sucia”.
La otra carta, también firmada por la JUP, decía: “Giles, acá hay huesos, no hay cuarteles. Sigan escarbando, ojo, pueden repetir el plato”.
El primer episodio ocurrió el 28 de octubre. En esa ocasión, la bolsa de huesos contenía un cráneo y una tibia.
La denuncia fue presentada ante la Policía, que inició una investigación. Las autoridades no descartan que se trate de una intimidación para que la mujer deje de buscar a los desaparecidos durante la dictadura.
El caso ha generado una gran indignación. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que representa a los familiares de las víctimas de la dictadura, condenó los hechos y exigió a las autoridades que investiguen a fondo y que garanticen la seguridad de la denunciante.
“Estos hechos son una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la memoria”, señaló la organización en un comunicado. “Exigimos a las autoridades que investiguen a fondo y que garanticen la seguridad de la víctima”.
En una primer comunicado ya habían destacado que a “50 años del golpe de Estado”, continúan “encontrándose con narrativas negacionistas que buscan destruir y detener una lucha sostenida desde los rincones más solidarios” de la sociedad. “Estas narrativas y prácticas reflejan la impunidad latente que no hemos logrado desterrar”, agregaron.
Tras el suceso, la organización exigió que se tomen “todas las acciones necesarias para identificar a las personas responsables de este suceso y que se haga justicia conforme al debido proceso”.
La dictadura cívico-militar en Uruguay duró entre 1973 y 1985. Durante ese período, fueron asesinadas o desaparecidas más de 170 personas.