El embarazo infantil "es el síntoma de un sistema que falla y no protege a las niñas y adolescentes más vulnerables de nuestra sociedad. También es un desafío para las instituciones que deben afrontar la situación con las niñas, su contexto para tratar de mitigar el daño ya causado".
Lucía Pérez Chabaneau, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, explicó a Caras y Caretas que "cursar un embarazo a temprana edad reporta siempre mayores riesgos para la salud física, mental y emocional, además del impacto que tiene en las trayectorias vitales en términos educativos y su consecuente vínculo con el mundo laboral".
Con respecto a la postura social frente al embarazo infantil y los discursos que predominan la opinión pública, uno de los "principales obstáculos" que identifica AIU es "que [en] la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes la cultura del ocultamiento y de la negación está muy instalada". Además, "la idealización de la maternidad como destino para las mujeres sigue estando muy presente, a pesar de muchos avances que se pueden señalar", pero "la maternidad en tanto proyecto intencional puede tener efectos muy distintos a las maternidades forzadas, más aún cuando se trata de embarazos producto de situaciones de violencia sexual".
Sin embargo, "los datos son elocuentes". Las denuncias de situaciones de violencia que sufren niñas y niños en Uruguay mantienen su tendencia al aumento, "un dato crítico". Del total de denuncias, que rondan las 7.000, cerca del 25% son por casos de abuso sexual. "Hablar del embarazo infantil nos lleva a hablar del abuso sexual y la violencia de niñas, niños y adolescentes", aseguró Pérez Chabaneau.
El Estado
La respuesta estatal "no es suficiente. Las niñas en Uruguay aún están en riesgo", sentenció la Directora Ejecutiva de AIU. Las cifras de embarazo en menores de 15 años se mantienen, luego de un descenso importante en 2013; 2019 se produjo un leve aumento y luego una meseta. Si bien descienden los nacimientos, aumentan los abortos y los embarazos como hecho obstétrico se mantienen constantes.
Los avances que ha registrado la organización incluyen la generación de una guía de atención a situaciones de embarazo en menores de 15 años, capacitaciones a equipos de salud que trabajan directamente en la atención de esos casos y el sistema de notificación de ASSE para detectar y monitorear los casos que surjan en los distintos departamentos a nivel de los servicios públicos de salud.
El sistema de notificación, explicó Pérez Chabaneau, permite dar seguimiento caso a caso con información más precisa, lo que permite conocer mejor el problema del embarazo infantil. "Valoramos muy positivamente el desarrollo de esta herramienta que sostiene un equipo de ASSE y que asiste a todos los equipos en el país que se enfrenten a un posible caso de embarazo de una menor de 15 años, en donde probablemente existan una o varias vulneraciones de derechos de esa niña/adolescente".
Sin embargo, "la salud es un pilar fundamental del sistema de protección de las infancias, pero no es el único". La educación "cumple un rol fundamental en la prevención y detección temprana. La educación sexual integral es una herramienta medular para que niñas y adolescentes conozcan su cuerpo, tengan información y puedan identificar una situación incómoda o violenta. Para poder hablar con alguien y pedir ayuda frente a una situación de abuso, es clave entender o poner en palabras lo que se está viviendo".
Y si existe abuso, "la intervención de la justicia deberá acompañar de la mejor manera el recorrido de esa niña/adolescente por el sistema. Una justicia que repare y dignifique requiere también de articulaciones virtuosas con otras piezas centrales de la institucionalidad de la protección a las infancias".
Posibles soluciones
El problema existe y lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente. Todavía hay niñas menores de 15 años que quedan embarazadas, muchas veces como consecuencia de una situación de abuso. Entonces, ¿qué se puede hacer?
Pérez Chabaneau aseguró que "la prevención tiene un papel muy relevante que muchas veces no es jerarquizado. Para prevenir hay que hablar de las cosas. Ocultar, hacer de cuenta que algo no pasa, es ir por mal camino. Tenemos que entender que las niñas todavía están en riesgo y que la violencia sexual forma parte de la vida cotidiana de muchas niñas y eso es muy grave. Correr el velo, desnaturalizar esa violencia es lo primero, pero no puede quedarse ahí".
Un aspecto fundamental, señaló, es la articulación del sistema de protección de las infancias como parte de las garantías. Esto incluye al INAU y los ámbitos de educación, salud y justicia. "Si las instituciones no realizan un trabajo articulado, el riesgo de no respuesta es altísimo y, por lo tanto, el impacto negativo que esto tenga en la vida de las niñas. Documentar, informar, prevenir, atender y reparar: todas las instituciones deben aportar en estos puntos, todas tienen una responsabilidad de protección con las niñas y adolescentes que no se puede esquivar".
