Estas audiencias se enmarcan en la investigación y el cuestionamiento de las pruebas presentadas por la defensa de Sena, representada por la abogada Ibis Puñales. La abogada sostiene que las pruebas que llevaron a la imputación de Sena están viciadas de nulidad y argumenta que la sangre encontrada en la mochila de Lola fue manipulada.
Puñales expresó en abril que no existen pruebas concluyentes que señalen a su defendido como el autor material del crimen y, basándose en esta premisa, ha promovido las nuevas instancias judiciales programadas para este mes.
El juicio e investigación continúan siendo un tema de gran interés público y se espera que estas declaraciones arrojen más luz sobre el caso en curso.
El caso
Lola viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.
Mediante la autopsia se determinó que murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.
“El Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que “estuvo presente antes, durante y después del homicidio” de la adolescente.
Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.