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El Grupo de Ambiente y DDHH Cátedra UNESCO, junto al grupo interdisciplinario TÁ que responde a la Universidad de la República (Udelar), lanzaron una declaración pública sobre la situación del agua en Uruguay.
El comunicado, expresa la “preocupación” ante las medidas adoptadas por parte de las autoridades, y sostiene que “vulneran el derecho fundamental al acceso, calidad y disponibilidad del agua potable de la población”.
Según la nueva normativa, se produjo un aumento en el cloruro, pasando de 300 mg/l a 720 mg/l, mientras que el sodio aumentó de 200 a 440 mg/l. En la declaración afirman que “los nuevos parámetros de cloruro y sodio constituyen un riesgo para la salud de la población”.
Denuncian que la nueva normativa “contradice directamente tratados de Derechos Humanos” y que “viola el Artículo Nº47 de la Constitución de la República”, el cual estipula que el acceso al agua potable es un derecho humano básico.
“El derecho al agua está vinculado a otros derechos como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al principio de igualdad y no discriminación entre otros. En este contexto observamos que la crisis hídrica y las medidas adoptadas por los organismos del Estado afectan a grupos y personas históricamente discriminadas como lo son las personas en situación de pobreza y quienes tienen problemas de salud.”, manifiesta el comunicado.
Se critica la “mala gestión hídrica” por parte de las autoridades y de OSE y aseguran que en las últimas décadas se prioriza al agua como uso productivo y comercial, y no se tomó con valor la importancia que tiene en la vida cotidiana de la población.
Sostienen que las medidas adoptadas “profundizan la injusticia socioeconómica y ambiental al retirar de los hogares la posibilidad de acceder al agua potable de calidad, e impulsa una mayor mercantilización del agua promoviendo el consumo de agua embotellada”.
“Alentamos a toda la población a debatir en profundidad este problema en cada territorio, y movilizarse para hacer valer el derecho humano de acceso al agua potable y a vivir en un ambiente sano. El agua es un derecho humano fundamental y común, no una mercancía.”, concluye el comunicado.