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El referente antivacunas Fernando Ferreira, fue detenido en abril de 2021 por no acatar la advertencia de la policía de desmovilizarse cuando se realizaba en plaza San Fernando de Maldonado una manifestación denominada “Caravana por la verdad”.
Un centenar de personas se habían concentrado en la plaza, ubicada frente a la Jefatura de Policía. La policía solicitó la disolución del acto en base a la ley aprobada en diciembre de 2020, que reglamentó los artículos 37 y 38 de la Constitución y limitó "transitoriamente, y por razones de salud pública, el derecho de reunión" por 60 días.
Fernando Ferreira, y dos colaboradores más suyos, fueron detenidos e imputados por el delito de desacato especialmente agravado, y debieron cumplir medidas cautelares por 90 días que incluían la prohibición de salir del país y la fijación de domicilio.
La fiscal del caso Ana Carolina Dean había presentado acusación y pidió ocho meses ya que Ferreira y sus colaboradores “no aceptaron tramitar las actuaciones por un proceso abreviado”. Si bien la Fiscalía solicitó prisión, al tratarse de personas sin antecedentes penales, en caso de que sean condenados podrían cumplir un régimen de libertad a prueba.
Ferreira, continúa esperando su audiencia que será el próximo 7 y 8 de febrero, y a través de Twitter, comparó su detención con la de la militante nacionalista Romina Celeste, quien fue detenida frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo por agredir a una funcionaria municipal y condenada por atentado especialmente agravado.
"El 23 de abril del 2021 nos inventaron "desacato agravado" y fuimos presos, al día de hoy nuestra causa penal espera las audiencias del juicio (7 y 8 de febrero) donde la fiscal pide 8 meses de prisión efectiva. Cerra y vamos", señala Ferreira en el tweet.
Romina Celeste hizo un acuerdo con fiscalía al día siguiente y debió pedir disculpas a los funcionarios municipales, estará siete meses en libertad a prueba y deberá cumplir trabajo comunitario y recibir apoyo psiquiatrico.
La molestia de Ferreira parecería ir por el lado de que la fiscal de su caso solicita 8 meses de prisión efectiva, mientras que la militante nacionalista por su agravio deberá realizar trabajo comunitario y estará en libertad a prueba.