A pesar de la obligación de informar anualmente a la ONSC sobre el número de personas afrodescendientes contratadas, el 43% de los organismos no presentó los informes correspondientes en 2021. Esta falta de transparencia impide una evaluación precisa del cumplimiento de la ley y dificulta la implementación de medidas correctivas.
Por otro lado las acciones afirmativas en el ámbito educativo y laboral han sido limitadas. Sólo el 18% de los organismos implementaron programas de capacitación específicos para afrodescendientes, lo que reduce significativamente las oportunidades de acceso y progreso en estos sectores.
La distribución de personas afrodescendientes por género y edad muestra desigualdades significativas. Las mujeres afrodescendientes representan sólo el 1.2% de los ingresos en el sector público, mientras que los jóvenes afrodescendientes entre 18 y 24 años constituyen apenas el 0.8%. Estas cifras indican la necesidad de políticas más inclusivas y equitativas.
Racismo y discriminación en Uruguay
La deficiente implementación de la Ley 19.122 refleja un problema más amplio de racismo y discriminación en Uruguay. Aunque la ley fue un paso importante hacia la igualdad, los datos muestran que la discriminación estructural persiste. Según el informe, el 45% de las personas afrodescendientes en Uruguay consideran que han sido discriminadas en algún momento de su vida, y el 30% reporta haber experimentado discriminación en el ámbito laboral en los últimos cinco años.
El informe sugiere varias recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Ley 19.122:
- La INDDHH y la ONSC deben intensificar la fiscalización y aplicar sanciones a los organismos que no cumplan con la cuota laboral y la obligación de informar.
- Es crucial mejorar la recolección y análisis de datos sobre la implementación de la ley, asegurando que la información sea precisa y esté actualizada.
- Implementar programas de capacitación y sensibilización sobre la importancia de la ley y los beneficios de la diversidad étnico-racial en el ámbito laboral y educativo.
- Desarrollar políticas inclusivas que aborden las interseccionalidades de género y edad, garantizando que todos los grupos dentro de la población afrodescendiente tengan igualdad de oportunidades.
A una década de su promulgación, la Ley 19.122 ha logrado avances significativos en la lucha contra la discriminación racial en Uruguay. Sin embargo, las deficiencias en su implementación reflejan la necesidad de un compromiso renovado y acciones concretas para asegurar que los objetivos de la ley se cumplan de manera efectiva y equitativa. La INDDHH y la ONSC deben liderar estos esfuerzos, garantizando que el Estado uruguayo cumpla con su responsabilidad de promover la igualdad y la no discriminación para todos sus ciudadanos.
Fuente: "Informe de los 10 años de cumplimiento de la Ley 19.122. Desafíos de su implementación"
