El delito de soborno está previsto en el artículo 159 del Código Penal y establece que el que induzca a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos será castigado por el simple hecho de la instigación con una pena de la mitad a dos terceras partes de la pena principal establecida para el delito de cohecho, que va de 3 meses de prisión a tres años de penitenciaría, con multa de 10 a 5.000 UR. Es agravante si el inducido es una persona de confianza.
Si bien Lunacar SA, filial de Vertical Skies en Uruguay, se presentó y ganó una licitación de un dron para la empresa UTE, la defensa de los declarantes de este martes entiende que “por ahora no se investigará el delito de soborno porque el empresario Choroszucha no dijo que efectivamente hubiera licitaciones arregladas, sino que confió en Astesiano y en que la empresa se mostraba como una empresa rentable y por eso invirtió. “El empresario mostró documentación para que la fiscalía la estudie”, indicaron los abogados. Luego del análisis de esa documentación entregada, se estudiará citar a autoridades del Ministerio de Defensa y de la empresa UTE.
La fiscal también citó al exdirector de la empresa asentada en Miami, Marcelo Acuña, y al gerente de una empresa de seguridad, Mario Fraud, relacionado con Acuña de cuando ambos trabajaban en otra empresa de seguridad al servicio del Club de Golf. Fraud y Acuña son militares retirados dedicados a tareas de inteligencia.
Según pudo conocer Caras y Caretas, el único teléfono celular que no se pudo periciar fue el de Acuña, porque fue el único de los indagados que sabía cómo limpiar su celular y desactivar sus mensajes.
La empresa Vertikal Skies fue creada en diciembre de 2019, una vez finalizada la segunda vuelta electoral. Durante su declaración, Mario Fraud dijo que un hombre que frecuentaba el Club de Golf fue quien ordenó a Marcelo Acuña que espiara a Bergara y Carrera.
Denuncia contra senador en medio de espionaje
El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, estima que no es conveniente realizar declaraciones sobre la denuncia presentada a mediados de 2022 por el Ministerio del Interior, porque existe una investigación en la fiscalía. Pero no duda en responder que “se trata de una causa armada en medio de la persecución que vivo tras el espionaje sobre mi persona (y la del senador Bergara), ordenado al excustodio del presidente, Alejandro Astesiano”. Carrera indicó a Caras y Caretas que “es muy importante que se investiguen las otras dimensiones de la causa Astesiano, sobre el espionaje y el vínculo con compras públicas”.
La denuncia del Ministerio del Interior contra Carrera tiene como centro un tiroteo en el balneario La Paloma en el año 2012, que ocurrió -según el relato de los vecinos ese año- en la casa del subcomisario Marcos Martínez. Desde la finca salieron varios disparos al aire y se hirió para dejar parapléjico a Víctor Hernández, quien fue asistido en el Hospital Policial. Tras conocerse que los disparos provinieron de la casa del subcomisario, el Ministerio del Interior de entonces resolvió amparar a la familia con tickets de alimentación mientras resolvía su estadía en Montevideo y mientras se dirimía en la Justicia la denuncia presentada por Martínez.
Diez años después de ese hecho, a mediados de 2022, el ministro del Interior Luis Alberto Heber ordenó denunciar a Carrera por la ayuda brindada.
La guerra judicial o lawfare llegó a Uruguay -dijo Carrera- y es la misma metodología que en otros países. “Hubo una operación con un gran despliegue mediático que la soporto por la unión que tiene la bancada del Frente Amplio”.
Caras y Caretas supo que la denuncia presentada en 2016 por Martínez contra el Ministerio del Interior fue respondida por el Departamento Contencioso de la Secretaría de Estado de entonces. La contestación de la demanda incluía el extremo de que si el Estado hubiera sido condenado por la presunta responsabilidad del subcomisario de La Paloma, entonces, la familia de Martínez debía devolver el importe pago por el Ministerio del Interior. En 2022 cuando el mismo Departamento Contencioso presentó denuncia contra Charles Carrera, quien ocupaba el cargo de director general del Ministerio del Interior, la abogada que redactó la denuncia subrayó que la presentaba “por orden superior del señor ministro, Luis Alberto Heber”. Fuentes consultadas y vinculadas a la causa sostienen que es una expresión que se usa cuando el representante legal quiere separarse de la decisión tomada.
