En otro orden y en el marco de los errores que se marcan sobre la información brindada a la población, TCP indica en el comunicado que “los ‘problemas operativos’ y las demoras en el puerto a las que refiere han sido objeto de consideración especial por parte de la Sub Coordinadora Portuaria, la que consignara en actas las conclusiones de los servicios de la ANP y la Capitanía del Puerto, de las que se deslinda la responsabilidad de la Terminal y nos remitimos a fin de desestimar las consideraciones formuladas”.
Respecto a que la migración de operaciones a la terminal especializada haya representado una “disminución de ingresos para la ANP del orden de los US$ 3 millones”, TCP aclara que la propia ANP comunicó que el año 2022 representó un récord histórico en sus movimientos e ingresos, por ende, supone más movimientos; a la recuperación de los trasbordos provenientes de Paraguay; al cobro del canon por las operaciones de la terminal especializada (de la que, debe repetirse, la ANP es socia); así como a la distribución de utilidades. A su vez, no hay modo de saber, en este contexto, cuál es la fuente de las cifras manejadas por la declaración.
Por último, TCP S.A. como empresa Público-Privada resalta que seguirá comprometida tal como lo viene haciendo desde el inicio, respetando la vigencia de las normas que hicieran posible las inversiones en la terminal especializada de contenedores, y muy especialmente las referidas a la utilización de los espacios portuarios, establecidas por Ley No. 16.246 de 23 de abril de 1992 como así también el fuerte compromiso con la productividad y eficiencia generales del puerto de Montevideo.