El director de Observacom recordó lo ocurrido durante la campaña electoral que enfrentó a Luiz Inácio Lula da Silva con Flavio Bolsonaro. Según relató, existían diferencias llamativas en el funcionamiento de herramientas de Meta vinculadas a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Como ejemplo, al solicitar una imagen de Lula con el número electoral 13, la herramienta no la generaba, mientras que sí permitía hacerlo con Bolsonaro y su número de lista, el 22.
Meta atribuyó esas situaciones a errores técnicos de sus algoritmos. Sin embargo, el episodio evidenció los riesgos de que una empresa privada pueda intervenir, mediante sus sistemas, en las condiciones de visibilidad de los candidatos. El problema es que las plataformas deciden qué información circula, cuál alcanza mayor visibilidad y qué temas quedan relegados. Esa capacidad puede modificar el clima de una campaña, profundizar la polarización y favorecer a determinados sectores políticos.
Qué puede aprender Uruguay de Brasil
Para Gómez, una de las principales lecciones para Uruguay es la necesidad de contar con legislación específica que establezca obligaciones para las grandes plataformas digitales. Brasil dispone de herramientas regulatorias que permiten exigir transparencia, rendición de cuentas y determinadas garantías sobre el funcionamiento de los servicios tecnológicos durante las campañas electorales.
Entre los aspectos que destacó se encuentran la transparencia algorítmica y el tratamiento de los contenidos generados mediante inteligencia artificial. Se trata de mecanismos que permitirían conocer mejor cómo funcionan los sistemas que distribuyen información y qué criterios utilizan para mostrar determinados contenidos por encima de otros. «El primer aprendizaje nuestro y el de todo el resto de la región, salvo Brasil, es que existe una legislación, un intento de regular estos temas, imponiéndole obligaciones mínimas de transparencia y rendición de cuentas», explicó.
El segundo aspecto es la capacidad institucional para supervisar y sancionar. Gómez señaló que Brasil cuenta con un Tribunal Superior Electoral con atribuciones regulatorias que le permiten establecer disposiciones y actuar frente a incumplimientos de las plataformas. En ese sentido, aclaró que la sanción a Meta no fue simplemente una decisión de la Suprema Corte de Justicia, sino que se inscribe en las competencias de las autoridades electorales brasileñas.
La diferencia con Uruguay es importante, el país necesita fortalecer sus herramientas institucionales para que las autoridades puedan intervenir frente a eventuales prácticas de manipulación o desequilibrios en la circulación de información durante una campaña.
La interferencia extranjera ya preocupa en América Latina
En América Latina, la preocupación también creció a partir de las denuncias y sospechas sobre posibles operaciones de intervención en procesos electorales de países como Ecuador, Perú y Honduras. El director de Observacom mencionó, además, que la manipulación de información y la interferencia extranjera estuvieron entre los asuntos centrales de una reciente reunión del Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsada, entre otros países, por Brasil y Uruguay.
En ese escenario, advirtió que el problema no debe analizarse exclusivamente desde la perspectiva de las operaciones políticas organizadas por otros Estados. Las empresas tecnológicas tienen una capacidad propia de intervención que puede resultar determinante. «No te diría cambiando votos, pero sí incidiendo en el clima, en la polarización, en el favorecimiento de unos contra otros», explicó.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la desigualdad de poder entre los Estados y las grandes compañías tecnológicas. Empresas como Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, administran plataformas que concentran una parte sustancial de la comunicación pública y cuentan con recursos muy superiores a los de muchos países.
Para Uruguay, el desafío consiste en desarrollar capacidades de regulación y fiscalización que permitan exigir responsabilidades a esas compañías, independientemente de su dimensión económica o de dónde se encuentren sus sedes. La experiencia brasileña demuestra, según Gómez, que no alcanza con identificar campañas de desinformación una vez que ya produjeron sus efectos. También es necesario establecer obligaciones previas, mecanismos de supervisión y sanciones efectivas cuando las empresas incumplen las disposiciones de las autoridades.