Con respecto al pasado reciente, el informe destacó que "el examen de Uruguay ante los comités de la ONU sobre la tortura, los derechos humanos y la desaparición forzada constató un debilitamiento del Mecanismo Nacional para la Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones y una falta de diálogo con la sociedad civil".
"Aunque algunos miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por delitos comunes cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985) que constituían crímenes de lesa humanidad, no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo", relata el escrito.
Alertas
Amnistía Internacional alertó por el crecimiento de "las cifras de encarcelamiento sin precedentes" que "provocaron unas condiciones penitenciarias inhumanas". Asimismo, manifestó preocupación por las muertes en prisión.
"Las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año. El sistema penitenciario adolecía de un grave hacinamiento, y el número de personas recluidas ascendía al 120% de la capacidad prevista", dice el informe.
Destaca que al concluir el año la población carcelaria alcanzó la la cifra de 14.497 personas y que se registraron 42 muertes bajo custodia. En tal sentido, remarca que Uruguay presentaba en 2022 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur (411 por 100.000habitantes)".
Y añade: "En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, 13 personas murieron en prisión por causas no violentas durante al año".
También señala el crecimiento de mujeres privadas de libertad que llegó a las 1.034.
Otra de las preocupaciones manifestadas en el informe refiere a la violencia contra las mujeres y las niñas que "siguió intensificándose", al igual que el número de femicidios y homicidios infantiles.
El texto también advierte sobre los reiterados "ataques contra periodistas y medios de comunicación" asegurando que "supuso una amenaza a la libertad de expresión".
