Hubo un retroceso en los programas de cercanía territorial y, particularmente, la temática de la diversidad fue abandonada.
¿Y en el periodo frenteamplista anterior, 2015-2020, cómo se trabajó?
En ese periodo recorrimos el país para diseñar el Plan Nacional de Diversidad Sexual. Se instaló el Consejo Nacional por decreto de Presidencia, y también se trabajó muchísimo en la Ley Integral para Personas Trans. Hubo un gran movimiento, pero no se pudo profundizar porque vino otra gestión y se desestimularon muchos temas, especialmente el de la diversidad.
Decías que desde julio no han parado de trabajar. ¿En que líneas de trabajo se han enfocado estos meses?
No hemos parado de recorrer el país, de mantener reuniones para generar convenios con otras instituciones. Teníamos solamente dos convenios, uno con INEFOP y otro con CRAM [Centro de Referencia Amigable], de la Facultad de Psicología, para la atención en salud mental.
En estos meses trabajé para establecer convenios y acuerdos de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], con el CFE [Consejo de Formación Docente], con Ministerio de Ambiente y con el Ministerio del Interior. Algunos salieron y otros están por salir. Pero vengo reuniendome con cada uno de los jerarcas y las jerarcas para desarrollar las líneas políticas que corresponden en diversidad, según la competencia de cada organismo. Creo que ese trabajo de profundización de acuerdos y de convenios es muy importante, necesario y no se había hecho.
También venimos trabajando en la ampliación de un convenio ya existente con INEFOP, que nos permite instalar cursos de capacitación y formación, pero además hacer un acompañamiento, en forma conjunta con las empresas, de la implementación de la Ley Integral de Empleo. Nuestro departamento, que funciona a nivel nacional, integra el área de Promoción Sociocultural, que a su vez integra otras áreas como la Socioeducativa, la de Políticas de Afrodescendencia, la Sociocultural y la Socioeducativa. Por ejemplo, en esta última se está trabajando en las protecciones a las trayectorias educativas de las disidencias, haciendo foco en las personas travesti trans.
Desde el departamento de Diversidad Sexual venimos hablando de que "reparar el presente es construir futuro". ¿Qué es reparar el presente para nosotras? Es construir política pública concreta, con respuestas directas para el día a día. No tiene que ver únicamente con una prestación reparatoria, sino con dar respuestas inmediatas a situaciones cotidianas: si una persona travesti es despedida arbitrariamente en su período de prueba, ver cómo la asesoramos para que no se vulneren sus derechos; si la echan de su casa y queda en situación de calle, articular para que tenga un cupo en un refugio; si está en situación de prostitución y la atacan, o si en un departamento se sufren discursos de odio, accionar como sociedad e instituciones para que no se naturalicen esas violencias.
¿Y tenes objetivos personales que te gustaría cumplir desde tu rol actual?
Sí. Le popuse a la dirección retomar algo que no se hace desde la gestión 2015-2020, que es el Transforma, un espacio político académico, de construcción de datos, demanda, que une la academia con el movimiento social, donde se hacían análisis y énfasis sobre un tema en particular. En nuestro país hubo algunos Transforma sobre trabajo y educación, y a mí me gustaría enfocarlo en la participación de las personas travesti trans en ámbitos como la política, la academia, la educación y los gremios.
Un primer tema que me gustaría abordar es la participación política, porque estamos en un contexto de avance de las extremas derechas, retroceso en derechos y naturalización de los discursos de odio. Creo que es fundamental recuperar estos espacios y responder a estos procesos con política. Me parece interesantísimo compartir experiencias con otras referentes de la colectividad LGBTIQ+ a nivel regional y poder fortalecer una línea política clara sobre cómo enfrentar estos retrocesos que viene sufriendo Latinoamérica.
Diversos colectivos señalaron estancamientos o retrocesos en políticas públicas dirigidas a la diversidad durante la gestión anterior. Desde tu análisis, ¿dónde identificás los mayores retrocesos?
No hubo descentralización de la política. Hubo una intención de lavada de cara: esto de decir “está todo bien, apoyamos, pero no vamos a mover un dedo”. No hubo injerencia, no se ejecutó ni se recorrió el país. Para poner un ejemplo concreto: en toda la gestión anterior se instalaron tres consejos departamentales; en lo que va de esta gestión —que lleva un año y medio— ya instalamos ocho. Ahí está la diferencia en ejecución, compromiso y el pensar la política pública desde el territorio.
Otro ejemplo es que nunca se implementó debidamente la Ley Integral para Personas Trans. Es un rezago que arrastramos del gobierno anterior: la ley se aprobó en 2018 y su decreto reglamentario salió en 2019, por lo que no dio tiempo de implementarla antes del cambio de administración. El gobierno anterior no la ejecutó y hoy estamos haciendo todo lo posible para revertir eso. Casi no hubo cumplimiento del cupo del 1% para personas trans en los organismos públicos, como tampoco se cumplió con los cupos para discapacidad o afrodescendientes.
Tampoco hubo bajada de la política pública en materia de salud: no se formaron equipos ni se capacitó al personal, y faltó compromiso por parte del Ministerio de Salud Pública. En lo único que más o menos se avanzó fue en el cambio de identidad —que fue la única comisión que se movió—, mientras que la Comisión Reparatoria funcionó a medias: nunca dejó de sesionar, pero no logró avanzar sustancialmente.
En educación ni hablemos. En ningún momento se profundizó la protección de las trayectorias educativas. De hecho, existía un protocolo creado en 2017 con ANEP y UTU para proteger las trayectorias de personas afrodescendientes y trans que no se vehiculizó ni ejecutó durante el período pasado.
A esto se suma que se dejó de lado el Plan Nacional de Diversidad Sexual que habíamos construido en 2018. Ese plan preveía la bajada de la política pública a los territorios y la construcción de planes departamentales, algo que directamente no se hizo. Es por eso, que actualmente estamos enfocados en instalar los Consejos Departamentales.. En la mayoría de los departamentos hay instituciones, movimiento social, y creemos firmemente que esas partes deben dialogar y generar soluciones compartidas.
¿Por qué no se cumple la ley trans?
Primero, porque tiene que existir voluntad política. Por más leyes que tenga este país, siempre serán letra muerta si no hay gente impulsándolas, haciendo el seguimiento y garantizando que se implementen debidamente. Ese ha sido el trabajo histórico del movimiento social, y especialmente del movimiento por la diversidad sexual, que lleva más de 40 años organizado conquistando derechos.
La otra parte —que también es política— es el presupuesto. Sin presupuesto es muy difícil cumplir las normativas, y ahí es donde se ve realmente cómo definen los gobiernos sus prioridades y sus intereses. En este momento, la línea clara de este gobierno está orientada a la protección de las infancias, lo que considero perfecto. El punto es pensar qué hacemos con el resto de las vulnerabilidades.
De todas formas, confío en que habrá avances y también creo que hay gestiones que se logran sin dinero. Tengo muchos años en la gestión pública, conozco el Ministerio y sé por dónde moverme para concretar avances que no requieran presupuesto. Y cuando se necesite presupuesto, golpearé las puertas que hagan falta.
¿Qué tipo de gestiones se pueden realizar sin presupuesto?
Conformar espacios de participación. Aunque ahora lanzamos un fondo de apoyo a los consejos departamentales, no se necesita presupuesto para ir a un departamento, reunir a las partes y comprometerlas a instalar un espacio de diálogo, construcción y propuesta política. Eso requiere voluntad y compromiso.
Todo el área de formación, capacitación y talleres es otro ejemplo. Nosotros hacemos muchísima capacitación y no tenemos un gran presupuesto asignado para eso; lo cubrimos las propias funcionarias del departamento.
La consigna de la Marcha de la Diversidad el año pasado le reclamaba explícitamente al gobierno frenteamplista "Que sepan cumplir". Evaluando el recorrido de la actual gestión, ¿creés que se supo cumplir?
Creo que se está cumpliendo, pero no se está logrando mostrar lo suficiente. Me pareció una decisión acertada haber convocado a determinadas personas para ocupar ciertos roles, como en mi caso. No solo por lo que implica tener a alguien formada que conoce la materia, sino porque también lo considero un reconocimiento político. Antes de mi llegada hubo otro jefe de departamento [Brandon Ferreira] que tenía cercanía con el tema, pero tal vez no todo el acumulado específico en la temática. Hizo cosas muy valiosas, pero no se mostraron lo suficiente.
Si tuvieras que señalar cuáles son los principals desafios que enfrenta hoy la comunidad LGBTIQ+, ¿cuáles dirías que son?
Uno es el debilitamiento y la fragmentación del movimiento social, producto del desgaste de haber transitado una pandemia y una gestión multicolor. Acompañar el fortalecimiento de las organizaciones es un gran desafío que temenos.
El debilitamiento institucional en la materia fue otro gran problema. Durante la gestión anterior hubo un silenciamiento, una invisibilización y una minimización de la diversidad sexual: por más que el movimiento social presionó y denunció, prácticamente ningún jerarca habló del tema.
Otro gran problema responde a las dificultades para construir de manera conjunta y lograr que las partes se comprometan a participar en los espacios. Para dar un ejemplo concreto: venimos recorriendo los departamentos e instalando los consejos departamentales, pero quienes tienen la mayor fuerza en el territorio son los gobiernos locales. La mayoría de las intendencias del interior son del Partido Nacional y muchas no participan de estos espacios. Ahí tenemos un trabajo enorme por hacer: ir a golpear esas puertas y sumar a esos representantes políticos, que tienen la misma responsabilidad que el gobierno nacional en la implementación y el seguimiento de la normativa pública. Hay intendencias que sí lo hacen, pero muchas otras no. Tengo el planteo claro de ir en breve a los departamentos a buscar a esas intendencias y comprometer a las áreas correspondientes con la diversidad.
¿Qué significa la marcha de la diversidad hoy?
La marcha es un hecho politico y, por suerte, es una de las pocas marchas en Latinoamérica que no ha sido cooptada por el capitalismo salvaje, por las empresas; sigue siendo fiel a la demanda y al discurso político. Eso me parece interesantísimo.
Es la tercera marcha más grande del país y me parece maravilloso y necesario que así sea. En Uruguay, cuando un hecho político marca esa presencia y sienta precedencia, recién ahí es tomado en serio. La marcha es una instancia fundamental para seguir traduciendo esas demandas en política pública. Hay un núcleo duro histórico —la coordinadora y la gente militante— que hace un trabajo imprescindible ocupando la Plaza Libertad para la previa y tomando las calles como corresponde.
Participan personas de múltiples sectores sociales y políticos. Pero lo que me parece más potente es el diálogo profundo que entabla con otras luchas. Cuando los Familiares de Detenidos Desaparecidos nos esperan en la vereda del IPA con sus fotos, y esa marcha que viene cantando y bailando con euforia de repente apaga todo y pasa en absoluto silencio frente a ellos... ese gesto tiene una fuerza política, humana y afectiva maravillosa.
¿Crees que actualmente hay más respeto y empatía hacia la comunidad LGBTIQ+?
Si bien hay un avance instalado social y culturalmente, nos hicieron mucho daño los procesos regionales recientes: el avance de las extremas derechas, la construcción de enemigos políticos —donde nos colocan en la vanguardia de ese objetivo— y la invisibilización del tema durante la gestión anterior.
Todo eso profundizó la habilitación de discursos que creíamos saldados o cerrados. No nos dimos cuenta de que hay que seguir dando esas batallas culturales y sociales. Pensábamos que la sociedad había aprendido determinados códigos y límites que no debían cruzarse, porque se afecta la vida material de las personas. Un discurso nunca queda solo en palabras: cuando se emite un discurso de odio y se habilita la persecución sobre un grupo específico, se le abre la puerta a la violencia física.
En Argentina aumentaron los crímenes, las palizas y la persecución a la comunidad LGBTIQ+. Recordemos el ataque con bomba molotov que mató a las compañeras lesbianas en Barracas, las agresiones a personas gays en la vía pública y los asesinatos a compañeras travestis y trans. Eso responde a una intención política clara que se reproduce de manera naturalizada en Latinoamérica, y que también llegó a Uruguay.
Si bien en la administración pasada no hubo un ataque tan directo como el de Milei, Kast, Bukele o Trump, se habilitaron determinados discursos, no se actuó frente a varias situaciones, no se destinaron recursos ni se implementó debidamente la normativa, ni se enunció con fuerza la agenda de derechos humanos y diversidad sexual. El resultado de ese proceso fue la fragmentación, el debilitamiento social e institucional y la proliferación de contenidos reaccionarios sin filtro.
Como licenciada en Comunicación, ¿que rol pueden jugar los medios de comunicacion en esa Batalla cultural?
Hay una batalla discursiva fundamental: cuando se habla de diversidad sexual suele decirse que se trata exclusivamente de una comunidad y, además, de una «minoría». Creo que hay que cambiar ese enfoque. Si bien estos temas responden a la plataforma de reivindicación de una colectividad, esa colectividad no está aislada: forma parte de familias, vínculos y redes sociales. Cuando una persona trans accede a un derecho y se inserta laboralmente, mejora toda la sociedad: compra en el almacén del barrio, va al supermercado, atiende su salud e ingresa a una trama social, política y económica. Los avances de la comunidad son derechos ampliados para toda la sociedad. Y si las minorías nos juntamos, somos mayoría. Tenemos que dejar de autodefinirnos como minoría. Nuestra colectividad articula en red desde hace muchos años con otras luchas, y esa construcción colectiva es la que realmente genera mayorías.
Este año la consigna es "Vivir con dignidad, existir con orgullo". ¿Qué reflexión te genera eso en el Uruguay actual?
Me parece importantísimo, humano y un gesto politico muy inteligente que hayan colocado la dignidad en el centro porque habla precisamente de que las personas puedan acceder de forma real a lo que ya está establecido en derechos.Para las personas de la comunidad LGBTIQ+, la dignidad implica no ser expulsadas de sus hogares, mantener sus vínculos familiares, transitar el sistema educativo, acceder a la salud, trabajar y construir relaciones afectivas sin que se les vaya la vida en ello ni sean violentadas por discriminación. Cada una de esas dimensiones, con una clara base en los derechos humanos, forma parte de la dignidad humana.
