Fachin estableció además los parámetros para la continuidad de la pesquisa. De acuerdo con las normas establecidas, la investigación debe ser supervisada por el Ministerio Público y los abogados de los investigados deben tener acceso al expediente.
Asimismo, su objeto deben ser las amenazas a los ministros, a sus familias, a los poderes constituidos, contra el Estado de Derecho y la democracia. Con la decisión del miércoles, se validan además las medidas de registro e incautación y las violaciones del secreto realizadas contra empresarios.
También contra los acusados de financiar, difamar y amenazar a los jueces del Supremo por las redes sociales. Desde la semana pasada, el STF juzga una acción del partido Red de Sostenibilidad (REDE), presentada el año pasado para impugnar la forma en que se abrió la indagación.
La investigación comenzó en marzo de 2019. En ese momento, el presidente del Supremo, Dias Toffoli, defendió la medida como una forma de combatir la propagación de noticias falsas que afectan la honorabilidad y seguridad del STF, sus miembros y familiares.
Para Toffoli, que nombró al ministro Alexandre de Moraes como relator del caso, la decisión de apertura está respaldada por el reglamento interno del tribunal.
