Un Solo Uruguay dejó en claro que es un instrumento de la derecha

Sin imaginación y con poca concurrencia, Un Solo Uruguay reiteró en Durazno el programa de la derecha. Y lo hizo -¿casualmente?- con algunos de los más conocidos candidatos de esa derecha que viene reclamando desde hace años la aplicación de un programa que postula la reducción del Estado, devaluación y mayor represión. En este sentido la proclama, que constituye un verdadero programa de gobierno, propone medidas tales como “darles garantías a las fuerzas del orden asegurando presunción de inocencia a su actuación”, lo que significa gatillo fácil.

Fue el productor de Florida, Julián Cabrera, quien en tono agresivo y de rezongo dio lectura a un verdadero programa de gobierno que incluye medidas para casi todo. Queriendo emular a Wilson Ferreira en su discurso se parecía más a un “gaucho patón” de Cerro Ñato compitiendo en el Teatro de Verano. Desde reducción del Estado a gatillo fácil, desde la demagogia populista de reducir el uso de vehículos oficiales a reformar el Código Penal. Pasando por una nueva organización del servicio exterior y la eliminación de la Ley de inclusión financiera. Este programa presentó 12 medidas de carácter económico mezcladas con consideraciones políticas en un verdadero menjunje ideológico, y 10 para la seguridad, a saber:

-Presupuesto que sin incremento de gastos y que profundice la redistribución entre áreas prioritarias, “lo que obligará a mayor diálogo político”.

-Reducir los cargos políticos en directorios a tres personas respetando -de eso se cuidó- a la oposición.

-No ingreso de empleados públicos y contratados por lo menos por cinco años, menos en las áreas de seguridad, educación y salud. De la mano de esto vino el reclamo de terminar con la inamovilidad de los funcionarios.

-Eliminar o unificar dependencias del Estado que han quedado obsoletas, por ejemplo Pluna Ente Autónomo, un organismo que en los hechos dejó de existir el 31 de diciembre de 2017.

-Parar al menos en 50% la flota de vehículos oficiales no vinculados a salud y seguridad.

-Modificar la ley de biocombustibles.

-Obligar a que empresas de derecho privado sean controladas por organismos estatales.

-Transparentar el gasto.

-Respetar los montos de las licitaciones.

-Revisar el 100% de los servicios contratados por el Estado y asegurar que los montos sean acordes al mercado.

-Revisar sueldos y partidas extra para legisladores y jerarcas, que se fije tope y se eliminen partidas especiales, como las destinadas a compra de la prensa.

-Terminar con los privilegios de los legisladores al cese de sus funciones.

Un verdadero programa de gobierno. El mismo, detalle más o menos, que levanta más de uno de los candidatos presentes en la Sociedad Rural de Durazno y de alguno que no fue. Y en consonancia con ellos la declaración-programa de los autoconvocados propone una reforma de la seguridad social, porque a su juicio hace “casi imposible equilibrar las cuentas públicas en el mediano plazo”. A eso agrega la eliminación del IASS.

Descontrol y aumento

Para los rurales “la raíz del problema es el descontrol de la gestión y aumento del Estado”, razón por la que reclaman “un equilibrio como país que obligue a los gobernantes de turno a saberse administradores de los recursos públicos y no dueños de los ingresos de la gente”. Para ellos se hace necesario “una regla fiscal”, que “deberá implementarse como ley en el mediano plazo y a largo plazo con rango constitucional”. La regla fiscal -una norma que obliga a gastar en función de la recaudación- es una de las 12 propuestas de gobierno presentadas el año pasado por Luis Lacalle Pou.

Las propuestas incluyen la derogación de la Ley de Inclusión Financiera, la que fue cuestionada por considerarla un “caso más que claro de intromisión en la vida particular de los uruguayos. Una ley que habla de pérdida de libertad. Es mentira que va contra el lavado. Es necesario derogar esta ley, que nos quita libertad”. Junto a esto proponen derogar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, algo que difícilmente comprometa a la actividad agropecuaria.

Bajar gasto del Estado, pero sin precisar cómo, y una reforma educativa forman parte del programa. En el primer caso hubo alusiones a gastos indeterminados y en el segundo entienden que debe ser una de las prioridades. Se debe enfocar en la formación para el trabajo y en el “respeto a los símbolos patrios”.

Cuestionaron al servicio exterior indicando que “es necesario eliminar la práctica de utilizar las representaciones diplomáticas para premios de militantes comprometidos”.

Gatillo fácil

Las medidas económicas se complementaron con un programa de seguridad. Reclamó Un Solo Uruguay, en la voz de Cabrera, un “pacto social. Poner en el centro de la escena la convivencia de los uruguayos con la protección de los individuos de bien”. Para ello exigieron cambios que se pueden resumir en los siguientes puntos:

-Volver a la policía de cercanía.

-Darles garantías a las fuerzas del orden asegurando presunción de inocencia a su actuación.

-Integrar acciones interinstitucionales en cada lugar para prevenir el delito,

prevención y control en ruta nacionales.

-Separar a la Fiscalía de la Presidencia.

-Las penas deben ser de acuerdo al delito y no por voluntad del delincuente.

-Combatir el abigeato.

-Nuevo Código Penal que modernice y actualice el actual.

-Mejorar el funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal.

-Controles del Estado sobre las personas que actúan fuera de la ley.

Cuestionó las cifras tanto de los organismos del Estado como de instituciones internacionales por ser, a su juicio, parte de “un relato”. Afirmó, sin argumentos, que las “cifras no reflejan situación real” y se elaboran “con poco rigor técnico”.

La proclama se coronó con llamados y propuestas en pos de una mayor   descentralización y autonomía “para manejar fondos a las intendencias”. Y exigió “más fondos del Estado”.

Y finalizó haciendo un llamado a construir un “sistema político comprometido” con sus principios.