La Fiscalía ordenó la incautación del arma utilizada y convocó a la menor junto con sus adultos responsables, para tomarle declaración en la Jefatura de Policía. Las familias que tienen hijos heridos por las balas de aire comprimido, ya anunciaron al medio que radicarán la denuncia correspondiente ante la policía por la gravedad de la situación.
Contexto de violencia
En abril de 2026, Uruguay enfrentó una significativa ola de violencia y amenazas en centros educativos que generó alarma en toda la sociedad. Este fenómeno se manifestó con dos caras: por un lado, una epidemia de amenazas de tiroteo y bomba, mayoritariamente falsas, que afectó a más de un centenar de liceos y escuelas técnicas en los 19 departamentos del país en menos de una semana. Estas amenazas, a menudo escritas en las paredes de los baños, se propagaron de manera viral en redes sociales, con autores que en muchos casos eran adolescentes que buscaban suspender las clases. Paralelamente, se registraron incidentes de violencia física grave, como agresiones entre estudiantes que resultaron en internaciones, lo que llevó a las autoridades a denunciar una "intención de que no trascienda" estos hechos. Ante esta situación, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior implementaron un nuevo protocolo de actuación con medidas preventivas y de respuesta inmediata, mientras que la Fiscalía y la Policía lograron identificar y sancionar a varios de los responsables adolescentes.
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