No hay forma de aceptar que la edad de 65 años se corresponda con ninguna prerrogativa humanitaria en este terreno cuando, en otro orden de cosas, la coalición está impulsando una reforma de la seguridad social para extender la edad jubilatoria también a 65 años, de modos que, de aprobarse ambas normas, por un lado se le estaría diciendo a la gente que para estar presos por delitos de homicidios, violaciones y torturas son demasiado viejitos, pero para gozar del derecho a jubilarse apenas si están en edad y eso en la medida que hayan completado exigentes requisitos de la causal jubilatoria porque, de lo contrario, tendrán que esperar hasta superar los 70 años para acceder a una pensión mínima que ni siquiera alcanzará para la subsistencia.
El proyecto de CA no es una iniciativa aislada. Esta misma semana los autores de una carta que busca la libertad de estos represores se lograron reunir con el presidente, que, por supuesto, está muy al tanto de todas estas cosas que, evidentemente, comparte.
Por más que digan otra cosa, están buscando sacar a estos presos de la cárcel porque sienten solidaridad con ellos, porque sienten una profunda identificación doctrinaria aun cuando no van a cometer la torpeza de salir abiertamente a celebrarles sus crímenes. Porque los reconocen, en un última instancia, como compañeros, ya no de armas como podría imputarse a los exmilitares de Cabildo Abierto, sino de causa, de una causa que incluyó en un momento de la historia el extermino de la izquierda social y política de la faz de la tierra de nuestro país.
Es de una gravedad inusitada lo que estamos presenciando en este gobierno que no para de prodigarse en gestos de derecha y de negacionismo, en todos los planos. Como en la economía, privilegiando a los “malla oro”, mientras cientos de miles de uruguayos han visto reducirse sus ingresos y su calidad de vida o en la política penal introduciendo leyes que a la vez que aumentan las condenas por delitos menores, favorecen el lavado de activos de los que tienen recursos casi infinitos.
Ahora vemos como en un gobierno donde la población carcelaria no ha hecho otra cosa que aumentar de modo disparatado, se busca legislar para liberar a los criminales de lesa humanidad, mediante un mecanismo que favorece a un puñado de menos de cien personas, mientras más de 14.000 personas abarrotan las cárceles en condiciones penosas, en prisiones con una superpoblación dramática, donde se registran día a día situaciones humanamente inaceptables.
Hay que salir a la calle a movilizarse para impedir que prospere un proyecto que busca liberar a los peores criminales de este país. Sería un terrible atentado a la más mínima noción de justicia. Sería una falta de respeto a los muertos, a los desaparecidos, a los torturados, a los desterrados. Una brutal afrenta contra la decencia y contra la memoria.
