Esa resolución, explicó, se diferenciaba claramente en su mecanismo de la que promovió en forma unilateral el Grupo de Lima para enviar la Investigadora. Nin Novoa calificó a la resolución actual como “confrontativa e inflexible” y que no contaba la aprobación del gobierno venezolano, indispensable en el sistema internacional de derechos humanos.
Además, agregó que «mientras la propuesta que votó Uruguay permitió la incorporación de importantes modificaciones, los patrocinadores del segundo proyecto no aceptaron ninguno de los numerosos proyectos propuestos por nuestros diplomáticos».
En tal sentido, criticó a los países del Grupo de Lima, al que pertenecen entre otros Argentina, Brasil y Chile y aseguró que las propuestas no fueron aceptadas porque «querían una resolución política, no una vinculada a los derechos humanos”, aseguró.