Falta de apoyo
Csukasi explicó que hasta hace poco estos programas se financiaban con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y gran parte de esos fondos provenían de Estados Unidos. Sin embargo, "esa cooperación desapareció desde el año pasado", lo que obligó a Uruguay a reasignar recursos propios para mantener el trabajo.
"Quienes solicitan refugio tienen derecho a ver regularizada su situación", subrayó la vicecanciller, y remarcó que el Estado debe dar una respuesta sobre si se otorga o no el estatus de refugiado.
Regulación de migrantes en Uruguay
En 2024, el gobierno había implementado el programa de Residencia por Arraigo, que permitió regularizar a unos 20.000 migrantes mayoritariamente cubanos para que pudieran tramitar su residencia. En su momento, Acnur celebró la medida como "un paso muy significativo" que reconoce la realidad de miles de personas que buscan reconstruir sus vidas en Uruguay.
"Muchísimas personas todavía ven en Uruguay una posibilidad de seguir haciendo su vida", insistió Csukasi, al tiempo que alertó sobre la urgencia de dar respuesta a los 30.000 casos pendientes.
