De algún modo, el fallecimiento del anterior ministro de Defensa, el histórico dirigente tupamaro y rehén de la dictadura, Eleuterio Fernández Huidobro (el Ñato), devolvió la tradicional política de lucha por la memoria, la verdad y la justicia que fueron y siguen siendo ejes irrenunciables del frenteamplismo. Sin haber sido amigo del Ñato, aunque sí compañero de militancia y colega en las contratapas del diario La República (él los jueves y yo los domingos) intercambiamos mails y debates en los que particularmente destacaba su visión -previa a la asunción como ministro- de una modernización y mirada estratégica del problema de la defensa. Sin embargo, al asumir abandonó estas agudas preocupaciones reflejadas con su sensible pluma para proponerse la loable, aunque en mi opinión ingenua e inviable, tarea de ganar políticamente a la oficialidad de las FFAA. Pero peor aún es que, a pesar de sus buenas intenciones que no pongo en duda, lo hiciera al costo de confrontar con los organismos de DDHH (y con el programa frentista) lanzando toda clase de exabruptos y absurdas acusaciones. De algún modo, el artículo de El Observador intenta reavivar en el FA la polémica y divisionismo del período de gestión del Ñato en Defensa.
Cierto es que el FA no ha mostrado aún capacidad para elaborar una política de defensa eficaz, coherente y doblemente civilizada (es decir, basada prioritariamente en civiles y en la igualdad ante la ley de toda ciudadanía), aunque es completamente coherente y defendible su postura en el plano de los DDHH. Pero el resultado no es exclusivamente el FA, sino, además de la cobardía cívica de no haber derogado por democracia directa la aberrante ley de Caducidad, la propia justicia que por el artículo 4° podría investigar a fondo tanto los crímenes de las fuerzas represivas, cuanto las complicidades y apoyos de los civiles que están excluidos de ese engendro jurídico de defensa de la barbarie (y reforzados cuando se trate de provecho económico como explicita el inciso B del art. 2).
Pero hay otra pregunta subyacente cuya respuesta (que no pretendo agotar aquí) podría guiar la elaboración de una futura política de defensa: ¿por qué integrantes de una institución que por razones generacionales no participaron en hechos aberrantes o simplemente delictivos se solidarizarían con verdaderos monstruos, apoyarían su impunidad y contribuirían al ocultamiento de los peores crímenes? Porque también son monstruos aunque no ejecutaron esas formas tan aberrantes de criminalidad. Porque comparten la metodología, fueron formados para ello, como son formados aún hoy, a pesar de los cosméticos cambios del programa de estudios que el Ñato impulsó. Como sostuve recientemente en este medio ante la destitución del anterior comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, ¿cuál es la razón para que los adolescentes que quieran dedicarse a la defensa estudien matemáticas, lengua, historia, geografía, etc, separados del resto de los liceales? Y otro tanto con la universidad. ¿Qué mejor institución que esa para preparar el dictado de materias técnicas específicas si fueran necesarias?
Reitero que hizo muy bien el presidente Vázquez en descabezar a buena parte de la cúpula del Ejército y probablemente tenga que profundizar cuando el nuevo ministro Bayardi lo ponga al tanto de la real situación. Pero también revisar las responsabilidades políticas de quienes no le advirtieron la gravedad de las confesiones y la demora en enviar el caso a la Justicia.
