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Fabián Werner, presidente de CAinfo y director de Sudestada, visitó Legítima Defensa para hablar sobre el 7mo informe sobre periodismo y libertad de expresión en Uruguay, el nuevo proyecto de ley de medios y los últimos episodios que involucran a periodistas.
Lo que ha pasado en el último tiempo es que hay un deterioro de la situación de libertad de expresión en el país, no solo por los casos constatados en el informe, sin que en el ultimo tiempo hemos recibido consultas y denuncias de periodistas diciendo que el ambiente está cada vez más tenso, que hay cada vez más llamadas o comentarios luego de las conferencias de prensa cuando las preguntas no eran del agrado de los jerarcas, o el tuit que quizás sea la forma más pública.
Por un lado se genera ambiente de temor en algunos periodistas, porque el periodismo está expuesto a la crítica naturalmente, todos los días se expone a la opinión pública. Ahora, lo que no se puede aceptar y lo que colabora a este clima de hostigamiento y hostilidad al periodismo es cuando los jerarcas públicos empiezan a atribuir responsabilidades, a reclamar por supuestos intereses políticos o económicos, a decir que el periodista pertenece a un grupo de interés en contra del gobierno, a hablar de traición a la patria. Estos climas hostiles en otros países han llevado a situaciones más graves que las que suceden acá; empezaron por donde estamos nosotros y terminaron en situaciones más graves.
Es el momento de parar y pensar para que esto no pase a mayores.
Analizamos otros casos no incluidos en el informe porque no pudimos comprobarlo con suficiente certeza. Hay más casos que los que dice el informe. Eso sucede por distintas circunstancias. En algunos casos tiene que ver con episodios de autocensura de periodistas que no publican información porque van a perjudicar a alguien y eso es muy difícil de registrar porque no se cuenta y porque no se sabe hasta qué punto la decisión tiene que ver con una amenaza.
También es cierto que hay una diferencia muy grande entre periodistas que ejercen su profesión en medios de Montevideo y los que lo hacen en medios del interior, sobre todo en determinados departamentos. No solo estamos hablando de amenazas concretas, hablamos de capacitación de operadores de justicia, de empresarios periodísticos que ejercen poder para bloquear información de interés público. Un entorno que no solo tiene que ver con factores externos, sino que hay factores internos a los medios que hacen que cierta información no llegue.
Recibimos comunicaciones de colegas contando lo que sabían. Estuvimos evaluando toda la semana si era un caso que podíamos incluir en función de la certeza a la que habíamos llegado y resolvimos que sí porque la información que recogimos era lo suficientemente cierta como para poder mencionar que la desvinculación ocurrió de manera inesperada, sin que hubiera motivos profesionales y que se había dado después de un proceso de habitual comunicación por parte del miembros del gobierno expresando distintos tipos de disconformidad o malestar por la existencia e determinadas coberturas o enfoques de temas que involucraban al gobierno.
Ya habíamos tenido información de ese tenor respecto a otros medios también. Yo he visto comentarios diciendo que esto siempre pasó; eso no quiere decir que eso esté bien. Además, una cosa es que esto suceda en un ambiente en el que no hay posibilidad de afectar el trabajo de un periodista o la cobertura y otra cosa es que aparezca un jerarca del gobierno diciéndole a un periodista que cubre una fuente todos los días «no me gusta lo que estás haciendo».
Nosotros incluimos la reforma de la ley de servicios de comunicación audiovisual como un caso [de amenaza a la libertad de expresión] en el informe porque es un marco regulatorio contrario a estándares internacionales, entre otras cosas porque el tema de la concentración ha sido mencionado reiteradamente como un elemento que restringe la libertad de expresión, que afecta la pluralidad e implica un riesgo de que la posibilidad de influir en la opinión pública se concentre en muy pocas voces que tienen intereses políticos, económicos, empresariales y hasta religiosos.
Consideramos que debería abrirse una discusión o explicarse por qué los legisladores consideran que es mejor que haya más medios en manos de menos personas, cuál es la fundamentación desde el punto de vista de la libertad de expresión.
Trataremos de incidir como se ha hecho hasta ahora para que el retroceso sea el menor posible.
En Uruguay está habiendo un clima de libertad de expresión y eso indudablemente genera ambiente de hostilidad para el ejercicio libre de la profesión periodística. Si no paramos este deterioro ahora va a terminar pasando que vamos a tener que salir a tomar decisiones o a auxiliar periodistas en condiciones mucho más complicadas. Eso no debería ocurrir y estoy convencido de que estamos a tiempo de evitarlo.