Entre nosotros, esta actitud fue especialmente marcada, tal vez porque la sociedad uruguaya se divide, curiosamente, entre una faceta de clara avanzada social y legislativa, por un lado, y una ferozmente conservadora, por el otro. Por estos días hemos visto saturadas las redes sociales de comentarios reaccionarios contra la marcha y sus eslóganes. Esos comentarios, también hay que decirlo, han sido proferidos tanto por hombres como por mujeres, lo cual no es de extrañar, ya que los viejos cimientos del patriarcado no han sido levantados, ni mucho menos, sólo por brazos masculinos, y la Iglesia Católica -tan masculina ella también, al punto de prohibir a la mujer el sacerdocio- ha tenido un papel nada despreciable en el reforzamiento de sus pilares más profundos.
En cuanto a avances institucionales, también hay mucho por mejorar. En el Pit-Cnt, cuyo símbolo de puño apretado y en alto parece haber sido creado sólo para los hombres, no se votó un paro general de 24 horas, aunque así se ha hecho históricamente, en incontables ocasiones, cuando se consideró que la causa de los trabajadores -dicho sea de manera genérica- lo ameritaba. Tal vez se entienda que la causa de la igualdad de género no es tan universal ni tan urgente. De esta y de otras gruesas confusiones se encargará la historia.
En orden al más elemental sentido común, ese mismo que se esgrime para condenar los excesos de la marcha, hay que decir alguna obviedad. No se puede esperar que en el marco de una lucha de tan hondo alcance, como es la de igualdad de género, en la que están comprometidos la propia Organización de Naciones Unidas y varios tratados internacionales, todas las manifestaciones sean pacíficas y mucho menos amables. Hubo y seguirá habiendo frases y acciones provocadoras, perturbadoras y capaces de provocar la mayor de las incomodidades a la sociedad en su conjunto. Esto ha sido así en cada revolución social y política, en cada concentración obrera, en cada protesta religiosa. Y ha sido, además, mil veces peor. Cada una de esas manifestaciones, en cualquier peldaño de la historia universal, hizo rodar cabezas, en linchamientos populares, en la guillotina o bajo el hacha del verdugo; provocó incendios, asesinatos en masa, asaltos a palacios, a parlamentos, a iglesias y a viviendas particulares de la gente de a pie. Cualquier lucha colectiva por los derechos, sea cual sea su signo, ha estremecido los cimientos de aquello contra lo que se lucha, y siempre ha habido fuerzas reaccionarias frente a tales avances.
Los excesos del 8M, en comparación, son candorosas rondas de recreo escolar. No se trata de apología de la violencia. No se trata de justificar, sino más bien de explicitar, de hacer memoria y de reflexionar sin exageraciones y sin acusaciones maliciosas. ¿Que no deberían haberse producido los ataques de bombas de pintura contra la Iglesia del Cordón? Nada más cierto. ¿Quién, en su sano juicio, podría estar de acuerdo con semejante y bochornoso exceso? ¿Quién podría no condenarlo? Pero de ahí a condenar en masa todo el 8M, su significación, su lucha, su justicia y sus reales avances, hay un abismo. Y quien no quiera ver la existencia de ese abismo estará incurriendo en una actitud tan o más vergonzosa que aquella que pretende denunciar. Estará incurriendo en malicia, en aprovechamiento indebido, en injusticia y en arbitrariedad; en un juego ni demasiado santo ni demasiado limpio. Estará atentando, aunque sea en un milímetro, contra los derechos humanos.
Sabemos que en América Latina estamos, hoy por hoy, en un contexto especialmente grave y regresivo. No se trata solamente de retórica, sino de realidades tangibles y concretas que ojalá no empeoren. Esta regresión ha trepado al poder en Brasil, sin ir más lejos, y las consecuencias no tardaron en mostrarse; como también sucedió en Argentina con la cuestión del aborto legal.
En la medida en que el movimiento en pro de la igualdad de género logra transformaciones importantes, crece el cuestionamiento, y si se cuenta con la complicidad y el activismo del propio Estado, como sucede ahora en Brasil, la situación se torna mucho más preocupante, porque el aparato del poder institucionalizado tiene acceso privilegiado a los recursos financieros y a los medios de comunicación masivos, por no mencionar el impacto que puede provocar en la educación pública y privada. Esto significa que los movimientos por los derechos humanos, dentro de los cuales se inscribe la igualdad de género, están luchando en condiciones de extrema inequidad. Y, sobre todo, esos movimientos no están debidamente preparados para hacer frente a los embates más agresivos de la reacción conservadora, lo que ya ha podido verse en Brasil y Argentina.
Lo más grave es que los propios sectores progresistas, o la propia izquierda, que siempre se ha proclamado avanzada en materia de derechos humanos, tampoco parecen estar preparados para dar respuesta. Continúan atravesados en buena medida por la denominada cultura patriarcal, y prueba de ello es que en Uruguay, sólo 22% del Parlamento está integrado por mujeres. No es cuestión de acalorados debates. Los argumentos en pro y en contra de las cuotas, por ejemplo, florecen de tal manera que el problema corre el riesgo de transformarse en una discusión bizantina.
Habría que apostar, más bien, por una mirada responsable, que se haga cargo de cumplir -sin tanta esgrima verbal- con las obligaciones que el Estado tiene en materia de protección sustantiva de derechos. Mayor investigación nacional en violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas; mayor dotación de recursos formativos, administrativos y financieros al Poder Judicial en materia de violencia doméstica; avance concreto en políticas públicas y en educación. Sólo así, un panorama que viene siendo parcialmente sombrío y preñado de confusiones podrá empezar a aclararse.
